Esta semana se presentó en Portugal un estudio sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones que concluye que existe un déficit cuando el sistema se analiza según la metodología adoptada por el grupo de trabajo. Podría haber sucedido en España, en Italia, en Francia, en Alemania o en muchos otros países europeos. Cambiarían las cifras, las reglas, las edades de jubilación, los modelos de financiación y la intensidad del problema, pero la cuestión esencial seguiría siendo prácticamente la misma. Vivimos más tiempo, tenemos menos hijos, entramos con frecuencia más tarde en el mercado laboral y mantenemos sistemas sociales concebidos para una realidad demográfica, laboral y económica que ya no existe. Por eso, lo que más me sorprendió no fueron propiamente las conclusiones del estudio portugués. Me sorprendió, aunque quizá ya ni debería sorprenderme, la rapidez con la que una cuestión de esta importancia se transformó en una disputa política más. Unos se apresuraron a decir que el estudio demuestra aquello que siempre defendieron; otros intentaron restarle valor cuestionando la proximidad política de este o aquel especialista; otros sugirieron que los resultados servirían a los intereses del actual Gobierno o prepararían una futura privatización del sistema; y hubo, como suele ocurrir, quien parecía más preocupado por saber a quién atribuir responsabilidades por el pasado que por preguntarse qué debe hacerse para el futuro. Es legítimo cuestionar un estudio. Más que legítimo, es necesario. Debemos discutir supuestos, metodologías, proyecciones, conflictos de intereses y conclusiones. Así funciona una sociedad intelectualmente seria. Pero descubrir la eventual preferencia política de un investigador no sustituye un cálculo actuarial, del mismo modo que atribuir una intención política a quien presenta determinados resultados no resuelve el problema estructural que está en discusión. Podemos discutir si un diagnóstico exagera o subestima un problema. Lo que no podemos hacer es discutir con la demografía como si tuviera un color político. Tal vez una de las mayores fragilidades de las democracias contemporáneas esté precisamente en la dificultad de tomar hoy decisiones cuyos beneficios quizá solo sean visibles cuando quienes las tomaron ya no estén en el poder. Gobernar se ha convertido demasiadas veces en administrar la próxima encuesta, el próximo presupuesto, las próximas elecciones o la próxima legislatura. Pero hay decisiones cuyos frutos solo aparecen una, dos o tres generaciones después. Es mucho más fácil inaugurar una obra que reformar un sistema de pensiones. Es mucho más fácil cortar una cinta que explicar a millones de personas que probablemente tendremos que trabajar durante más años, contribuir de otras formas, adaptar las empresas y replantear profundamente la manera en que financiamos el Estado social. Hay demasiada política del 9,5 sobre 20 – se redondea a 10, se declara que es suficiente y se pasa a la materia siguiente. Pero 9,5 sigue siendo insuficiente, 10 sigue siendo mediocre y un sistema de pensiones no se vuelve sostenible por redondeo político. También resulta tentador buscar soluciones aparentemente sencillas. Una de ellas es decir que la inmigración resolverá el envejecimiento demográfico y, por consiguiente, el problema de las pensiones. La inmigración puede y probablemente tendrá que formar parte de la respuesta. Puede aumentar la población activa, responder a la falta de trabajadores, contribuir de forma muy relevante a la economía y mejorar durante un determinado periodo la relación entre cotizantes y pensionistas. Pero recibirla seriamente exige mucho más que colocar nuevos cotizantes en una hoja de cálculo. Si un país considera que necesita recibir a cientos de miles o millones de personas para reforzar su población activa, entonces tiene también la responsabilidad de preparar las condiciones para que esas personas encuentren trabajo y una vida digna. Eso significa vivienda, escuelas, profesores, atención sanitaria, transportes, saneamiento, administración pública, seguridad, políticas de salud pública y capacidad real de integración. Significa comprender dónde van a vivir y dónde existirán empleos. Significa evitar que una estrategia nacional destinada a corregir un desequilibrio demográfico agrave simultáneamente la concentración de población en las mismas ciudades y áreas metropolitanas donde ya faltan viviendas, los transportes están saturados y los servicios públicos afrontan dificultades, mientras extensas regiones del interior siguen perdiendo población. Significa también reconocer la dimensión cultural de la integración: lengua, conocimiento de las leyes, respeto por las normas de la sociedad de acogida, educación, convivencia, participación comunitaria y construcción de confianza entre personas procedentes de contextos diferentes. Nada de esto convierte la inmigración en un problema. La convierte en una cuestión de planificación. Recibir personas no es rellenar una columna demográfica en una hoja de cálculo. Es crear condiciones para que puedan construir una vida digna y participar plenamente en la sociedad que las acoge. Y, si queremos ser verdaderamente serios, cualquier propuesta que diga que un determinado país necesita cierto número de inmigrantes para equilibrar su sistema de pensiones debería ir acompañada de una evaluación más amplia: cuántas viviendas serán necesarias, qué capacidad adicional se exigirá a los sistemas sanitario y educativo, dónde se crearán los empleos, cuáles serán las necesidades de infraestructuras, cómo se distribuirá esa población por el territorio y cuál será el saldo fiscal y contributivo a lo largo de varias décadas. ¿La pregunta no puede ser únicamente “cuántos cotizantes necesitamos?”. Debe ser: “qué sociedad queremos construir, qué población activa necesitamos, ¿dónde queremos que las personas puedan vivir y trabajar y qué condiciones tenemos que crear para que quienes ya están aquí y quienes llegan puedan vivir con dignidad?”. Esto es sostenibilidad. Y el mismo razonamiento se aplica a la edad de jubilación. No defiendo que se decrete ahora un paso generalizado a los 70 años. Defiendo algo diferente. Tenemos la obligación de empezar a preparar la posibilidad real de sociedades donde trabajar hasta cerca de los 70 años pueda, en un futuro quizá más próximo de lo que pensamos, dejar de ser excepcional. La OCDE ya proyecta, basándose en las reglas actualmente legisladas, edades normales futuras de jubilación de 70 años o más en varios países. No podemos descubrir a los 67 que necesitamos que alguien trabaje hasta los 70 cuando durante décadas hemos permitido que el mercado laboral considerase a esa misma persona demasiado mayor a los 55. Sería una contradicción casi absurda. Y sería igualmente absurdo aumentar sucesivamente la edad de jubilación sin transformar las empresas, la salud laboral, la formación a lo largo de la vida y la organización del propio trabajo. La cuestión de las pensiones no empieza cuando alguien solicita la jubilación. Empieza décadas antes. Seguimos mirando hacia el final de la vida laboral cuando deberíamos estar mirando todo el recorrido que conduce hasta allí. Tal vez sea este el primer error que tenemos que corregir.
Existe, sin embargo, otra parte de esta discusión que resulta incómoda y que rara vez se afronta con suficiente claridad. Cuando un periodista entrevista a alguien que afirma recibir una pensión muy baja, hay preguntas que considero legítimas y necesarias: ¿durante cuántos años cotizó al sistema? ¿Sobre qué remuneraciones cotizó? ¿Los ingresos declarados correspondían a la remuneración efectivamente percibida? Naturalmente, estas preguntas no pueden convertirse en una acusación automática. Muchas personas tuvieron salarios muy bajos, periodos de desempleo, precariedad, interrupciones involuntarias de su carrera, trabajo de cuidados no remunerado o empleadores que les impusieron remuneraciones parcialmente no declaradas. Sería profundamente injusto tratar todas estas situaciones de la misma manera. Pero también sabemos que durante décadas existió – y sigue existiendo en varios países – la práctica de recibir una parte de la remuneración “por fuera”, evitando impuestos y cotizaciones. Hubo trabajadores que no tenían una verdadera capacidad para negarse. Pero también hubo quienes prefirieron conscientemente recibir más en el presente y declarar menos al Estado. Es legítimo preguntarse cuál debe ser la consecuencia de esa elección en el futuro. El Estado debe ser solidario. Una sociedad digna no abandona a una persona mayor a la pobreza únicamente porque su carrera de cotización haya sido insuficiente. Eso forma parte del bien común. Pero necesitamos distinguir dos realidades que demasiadas veces mezclamos: aquello que alguien recibe porque cotizó y aquello que la sociedad decide garantizar porque no acepta abandonar a nadie por debajo de un determinado nivel de dignidad. Ambas son legítimas. Pero no son lo mismo. La primera deriva esencialmente de aquello para lo que se cotizó. La segunda deriva de la solidaridad de una sociedad que decide no abandonar a nadie. De lo contrario, acabamos destruyendo la relación entre responsabilidad y derecho y hacemos que las propias cuentas del sistema resulten incomprensibles para los ciudadanos. Hay además una cuestión intergeneracional mucho más seria. Es perfectamente plausible que muchas personas que hoy tienen aproximadamente entre 45 y 55 años, a pesar de haber cotizado regularmente durante décadas y sobre los ingresos que efectivamente percibieron, tengan que trabajar durante más tiempo y, aun así, encuentren condiciones de acceso a la pensión proporcionalmente menos favorables que algunas generaciones anteriores. Esto no significa que las pensiones actuales sean excesivas ni que debamos enfrentar a unas generaciones contra otras. Significa simplemente que un verdadero contrato intergeneracional no puede exigir continuamente más a las generaciones siguientes para evitar cualquier incomodidad a las generaciones presentes. Solidaridad no significa trasladar silenciosamente la factura a quienes todavía no pueden protestar. Tampoco podemos responder a este problema diciendo simplemente a las personas que deben ahorrar individualmente para la jubilación. Ahorrar es deseable. Para muchas familias, sin embargo, se ha vuelto extraordinariamente difícil. Salarios reducidos, vivienda con precios incompatibles con los ingresos, alimentación, energía, transportes, educación de los hijos y demás costes de vida dejan con frecuencia un margen mínimo o inexistente para construir un verdadero “colchón”. Decir a una familia que apenas consigue pagar una vivienda que debería invertir todos los meses para su jubilación puede ser económicamente correcto en teoría y socialmente vacío en la práctica. Por eso considero fundamental preservar un sistema público sólido de pensiones. Pueden y deben existir mecanismos complementarios privados, empresariales, mutualistas o individuales. Quien tenga capacidad y quiera asumir ese riesgo debe poder hacerlo. Pero la garantía esencial de que una persona que ha cotizado durante décadas no será abandonada en la vejez no debe convertirse en una apuesta financiera. El sistema público debe seguir constituyendo el núcleo del contrato social. Preservarlo, sin embargo, no significa hacerlo intocable. Al contrario. Tal vez la mayor amenaza para el sistema público sea precisamente la negativa a reformarlo mientras aún disponemos de tiempo para hacerlo sin provocar rupturas sociales. Ningún modelo de Estado es perfecto, ningún sistema económico es eterno y ninguna arquitectura de protección social permanece inmune a las transformaciones de la sociedad. Reformar no es destruir. Muchas veces es precisamente lo que permite preservar. Y para eso también necesitamos ciudadanos que comprendan mínimamente lo que está en juego. Considero casi incomprensible que alguien pueda terminar la escolaridad obligatoria sin saber qué es el Estado, cuáles son sus funciones, de dónde procede el dinero público, qué distingue un impuesto de una cotización, qué significa un sistema de reparto, cómo se financia una pensión, qué es la deuda pública, por qué existe la solidaridad social, qué significa bien común y cuál es la relación entre derechos y responsabilidades. Esto no debería ser una materia opcional de un determinado curso. Debería ser una formación universal y debería empezar a implantarse en el plazo de uno o dos años. Una verdadera alfabetización cívica, económica, fiscal y social. No se trata de enseñar a los adolescentes a rellenar una declaración fiscal compleja. Se trata de explicar que no existe un “dinero del Estado” desligado de la sociedad, que los servicios públicos tienen costes, que los derechos necesitan financiación y que la solidaridad colectiva solo es posible cuando existe una base económica capaz de sostenerla. Hablamos mucho de sostenibilidad en las escuelas, pero la reducimos demasiadas veces al medio ambiente. La sostenibilidad es mucho más que ecología, energía, botánica o zoología. Una sociedad ambientalmente ejemplar que no consigue financiar sus pensiones, cuidar de las personas mayores, garantizar servicios sanitarios, ofrecer condiciones para que los jóvenes formen una familia, mantener la población distribuida por el territorio o dejar unas cuentas mínimamente equilibradas a las generaciones siguientes tampoco es sostenible. Tal vez necesitemos enseñar desde muy pronto que un Estado verdaderamente solidario no es aquel que promete sucesivamente nuevos derechos sin explicar cómo se sostendrán. Es aquel que consigue seguir protegiendo mañana a quienes protege hoy. Y eso exige responsabilidad individual, colectiva y política.
Es precisamente porque considero insuficiente limitar esta discusión al diagnóstico por lo que entiendo que debemos empezar a poner propuestas concretas sobre la mesa. No porque alguna de ellas sea una solución acabada, sino porque hay que empezar por algún sitio. La primera debería ser el desarrollo de una verdadera política de longevidad laboral. Si existe una posibilidad seria de que progresivamente trabajemos hasta más tarde, la preparación no puede empezar a los 65 años. Debe empezar mucho antes, quizá a los 40 o 45. Tenemos que conseguir que funcionen verdaderamente la seguridad y salud en el trabajo, la prevención de los riesgos laborales, la vigilancia de la salud, la ergonomía, la prevención de los riesgos psicosociales y la formación durante toda la vida profesional – no porque exista una inspección o porque sea necesario evitar una multa, sino porque preservar la capacidad para trabajar forma parte de la sostenibilidad de las propias empresas y de los sistemas sociales. No podemos exigir más años de carrera de cotización a los trabajadores sin haber creado, durante décadas, condiciones para preservar su salud, su capacidad para trabajar y sus competencias. Las organizaciones tendrán que aprender a adaptar funciones, horarios, cargas físicas, puestos de trabajo, tecnologías y trayectorias profesionales a trabajadores progresivamente de mayor edad. Podrían existir beneficios fiscales, créditos fiscales, ayudas públicas u otros mecanismos que fueran compatibles con la legislación nacional y europea para financiar diagnósticos de gestión de la edad, estudios de adaptación de las empresas y planes efectivos de transformación de los puestos de trabajo. También podrían crearse incentivos en las cotizaciones de forma progresiva para organizaciones que mantengan o contraten a trabajadores de mayor edad, sin que esa reducción perjudique los derechos futuros de esos trabajadores. Si el Estado necesita que las personas trabajen durante más años, el Estado también tiene que crear condiciones para que las empresas consigan y quieran mantenerlas durante más años. Podríamos igualmente desarrollar modelos de transición progresiva hacia la jubilación, permitiendo reducir gradualmente el tiempo de trabajo durante los últimos años de la carrera, combinando trabajo, transmisión de conocimiento y una parte de los derechos ya adquiridos. Pero tendremos simultáneamente que afrontar otra transformación de enorme dimensión: la sustitución creciente de determinadas tareas realizadas mediante trabajo humano por máquinas, autómatas, robots e inteligencia artificial. Puede parecer hoy excesivamente audaz, quizá incluso ingenua para algunos lectores, la idea de crear una unidad de equivalencia de trabajo humano sustituido por tecnología y hacer recaer sobre esa equivalencia alguna forma de contribución a los sistemas de protección social. Lo admito. Tal vez la primera fórmula esté equivocada. Lo que no estará equivocada es la pregunta. Si una empresa sigue produciendo la misma riqueza, o más, utilizando significativamente menos trabajo humano, ¿por qué razón la reducción de la masa salarial debe significar automáticamente una reducción equivalente de su contribución al sistema que sostiene la sociedad donde esa riqueza se produce? No propongo gravar una máquina únicamente porque sea una máquina, ni penalizar la innovación, la productividad o la inteligencia artificial. Propongo estudiar seriamente una metodología que permita estimar cuántas horas de trabajo humano eran necesarias para ejecutar determinadas tareas antes de la automatización, cuántas son necesarias después, qué volumen de producción se obtiene, qué funciones han sido sustituidas y cuál es el equivalente de trabajo a tiempo completo que ha dejado de ser necesario. ¿Es difícil? Evidentemente. ¿Imposible? No veo por qué. No hacer nada ante una transformación de esta dimensión me parece bastante más ingenuo. Esta nueva forma de contribución podría, incluso, ayudar a financiar parte de los incentivos destinados a la longevidad laboral. También deberíamos relacionar el sistema de pensiones con la cohesión territorial. Una persona que viva y trabaje efectivamente durante largos periodos en territorios de baja densidad podría beneficiarse de una bonificación o de créditos adicionales a efectos de su futura pensión. Las empresas que creasen empleo estable en esas regiones podrían beneficiarse de incentivos en las cotizaciones por trabajador, eventualmente reforzados cuando empleasen a trabajadores de mayor edad. Esa opción debería financiarse de forma transparente a través de la política de cohesión territorial o de la fiscalidad general, porque no se trataría de retirar derechos a los demás cotizantes, sino de reconocer que la desertificación poblacional también tiene costes económicos, sociales y demográficos. Crearía igualmente una cuenta anual de jubilación, enviada automáticamente a cada ciudadano como recibimos un extracto bancario: remuneraciones declaradas, cotizaciones efectuadas durante el año, cotizaciones acumuladas, años de carrera reconocidos, periodos pendientes, edad previsible de jubilación y estimación de la pensión según distintos escenarios. No un simulador escondido en un portal que cada persona consulta si se acuerda, sino información que llega todos los años. Automáticamente, sin que el ciudadano tenga que pedirla. Tal vez muchos trabajadores pensasen de otra manera antes de aceptar recibir una parte de la remuneración sin declararla si vieran anualmente el efecto concreto de esa decisión sobre el futuro. Crearía también una reserva demográfica automática: siempre que determinados indicadores financieros y contributivos superasen niveles previamente definidos, una parte sería obligatoriamente transferida a un fondo reservado para las futuras presiones demográficas, con criterios de utilización establecidos anticipadamente para impedir que necesidades presupuestarias coyunturales permitieran utilizar esos recursos para otros fines. A esto añadiría una regla de equilibrio intergeneracional: siempre que un Gobierno crease un gasto permanente, aumentase estructuralmente una prestación o concediese un nuevo derecho dentro del sistema de pensiones, tendría simultáneamente que identificar la fuente permanente de su correspondiente financiación. Quien crea el derecho tiene que explicar quién lo paga. Y cualquier reforma relevante debería ir acompañada por una Evaluación de Impacto sobre las Generaciones Futuras, mostrando de forma comprensible lo que la decisión significa para quienes hoy tienen 65 años, 50, 30 o 15 y para quienes aún no han nacido. La propia Unión Europea adoptó en 2026 su primera Estrategia para la Equidad Intergeneracional, asumiendo precisamente que las decisiones presentes deben considerar los beneficios y las cargas impuestas a las generaciones actuales y futuras. Pero yo iría más lejos. Podría existir en cada país un Consejo Independiente para la Longevidad y el Equilibrio Intergeneracional, con un mandato estable y no coincidente con las legislaturas, constituido de forma plural y no exclusivamente por la mayoría que gobierna. Sus miembros podrían ser propuestos por las diferentes fuerzas con representación parlamentaria, con mandatos largos, desfasados respecto a las legislaturas y no coincidentes entre sí, conjugando esa legitimidad plural con criterios exigentes de competencia e independencia. Demógrafos, actuarios, economistas, especialistas en sistemas de pensiones, salud pública, salud laboral, trabajo, tecnología, educación, territorio y sostenibilidad deberían trabajar conjuntamente, publicar evaluaciones periódicas y acompañar aquello a lo que podríamos llamar un verdadero Contrato Intergeneracional. Un problema que se mide en décadas no puede seguir siendo gestionado exclusivamente por gobiernos condicionados por ciclos electorales relativamente cortos. Ninguna de estas propuestas se presenta como una solución acabada. Algunas podrán sobrevivir a la modelización económica, demográfica y actuarial. Otras tendrán que ser profundamente modificadas. Algunas incluso podrán resultar inviables. No me preocupa admitirlo. Me preocuparía mucho más que siguiéramos sin discutir alternativas únicamente porque ninguna nace perfecta. Muchas ideas que en una determinada época parecieron excesivamente audaces acabaron, después de ser estudiadas, corregidas y perfeccionadas, abriendo caminos que antes no existían. Hay que empezar por algún sitio. Lo que sabemos con seguridad es que no hacer nada también es una decisión y también produce consecuencias. Y ante un problema que conseguimos anticipar con décadas de antelación, no hacer nada quizá sea la más irresponsable de las decisiones. Gobernar en el siglo XXI exige saber utilizar el conocimiento acumulado a lo largo de miles de años de Historia, aprender de aquello que funcionó y de aquello que fracasó, mirar la realidad de forma holística y tener el valor de aplicar hoy aquello que la sociedad necesitará mañana. Gobernar no es satisfacer todos los deseos presentes. No es garantizar la próxima victoria electoral. Tampoco es administrar pasivamente aquello que hemos heredado hasta que el problema sea lo suficientemente grave como para obligar a alguien a resolverlo. Gobernar no es administrar lo que existe. Es preparar lo que todavía no existe. Gobernar no es administrar lo que existe. Es preparar lo que todavía no existe. Y quizá una de las mayores obligaciones de quien gobierna sea precisamente la de representar también a quienes todavía no han nacido y que, por eso, no pueden defender hoy el futuro que les estamos dejando.
