Criminólogo e Ingeniero. Perito Judicial
A Mari Carmen la han convertido en dos mujeres completamente distintas. Y todo depende de quién te cuente la historia.
Porque, vamos a ver: en una versión tenemos a una mujer de 87 años, con una discapacidad reconocida del 50 % —se desplaza en silla de ruedas y ha pasado por varias operaciones de cadera—, que llevaba viviendo en el piso desde 1956, cuando llegó con sus padres a la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño barrio de Retiro.
Casi setenta años en la misma casa, que acabó saliendo en camilla, en ambulancia camino del hospital, después de que un fondo se negara a que otra persona le pagara el alquiler. Y en la otra versión, una mujer que cobraba una pensión de 1.350 euros, pagaba unos 500 € al mes por un piso de 92 metros cuadrados en una de las zonas más caras de Madrid, y rechazó todas las alternativas de alojamiento que le ofrecieron.
Ambas historias recogen hechos reales del mismo caso. Pero ninguna te lo está contando todo.
Lo que dice el contrato. El contrato original era de renta antigua y estaba a nombre del padre de Mari Carmen; a su muerte pasó a nombre de la madre. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, esa subrogación tenía un límite temporal que, según los tribunales, concluyó en 2007. La defensa alegó que en la época del contrato original las mujeres no podían figurar como titulares del arrendamiento, y que por eso solo aparecía el nombre del padre; el argumento no prosperó.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que falló a favor de la propiedad. Jurídicamente, el desahucio era legal.
El edificio fue adquirido en 2018 por Urbagestión Desarrollo e Inversión, sociedad que se presenta como una firma de asesoramiento inmobiliario y no como un fondo de inversión al uso, aunque el relato mediático la ha etiquetado así. A partir de ahí, la renta reclamada subió un 275 %, de los 500 a los 2.650 euros mensuales.
Como alternativa, la empresa llegó a ofrecer un alquiler de 1.650 euros —unos 300 euros por encima de la pensión de Mari Carmen—, en una zona donde el alquiler medio de un piso de 80 metros ronda los 1.904 euros, según Idealista. Y cuando una escritora se ofreció a asumir el coste del alquiler para evitar el desalojo, la propiedad rechazó que esa donante anónima cubriera la parte que la anciana no podía pagar.
Según su abogada, Beatriz Duro, la empresa tampoco aceptó aplazar el lanzamiento entre quince días y un mes por razones humanitarias.
Mari Carmen rechazó una plaza gratuita de emergencia en una residencia pública ofrecida por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, y optó por irse a vivir temporalmente con un familiar en Segovia. Fue, además, el cuarto intento de ejecución del desahucio: los anteriores se habían frenado por la presión vecinal y las concentraciones frente al portal, incluida una cadena humana que la policía tuvo que disolver el día final.
Lo que dijeron los políticos. El caso se convirtió en símbolo de las protestas por el derecho a la vivienda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo calificó desde Nueva York como una «tragedia social» y responsabilizó a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, ambos gobernados por el PP. Desde el otro lado, las organizaciones sociales presentes en el desalojo acusaron al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso de ponerse al servicio de los fondos y los especuladores, y extendieron la crítica también al Gobierno central y a la ministra de Vivienda por, según ellas, utilizar el caso de forma partidista.
Todo el mundo, en definitiva, ha encontrado en Mari Carmen la prueba que necesitaba para reforzar lo que ya pensaba.
Y aquí es donde estamos perdiendo el norte. Porque podemos sostener, al mismo tiempo y sin contradicción, varias cosas: que Mari Carmen tomó sus propias decisiones —rechazar la residencia, mantener la resistencia legal— y que esas decisiones forman parte legítima de la historia, no podemos contarla como si no hubiera tenido ninguna capacidad de decidir; que el propietario tenía, jurídicamente, derecho a recuperar la vivienda, avalado hasta por el Tribunal Supremo; y que las administraciones sí ofrecieron alternativas, sea ese sistema de alojamiento de emergencia mejor o peor de lo que debería ser.
Pero nada de eso cambia el hecho de que una mujer de 87 años, con una discapacidad del 50 %, acaba de perder la casa en la que ha vivido prácticamente toda su vida, después de que una empresa rechazara una oferta de pago íntegro que le habría costado cero euros a nadie más que a la propia donante.
No hace falta convertirla en la víctima perfecta —ignorando que tuvo opciones y las rechazó— ni tampoco en la culpable de todo —como si toda mujer que se resiste a un desahucio legal mereciera perder su casa por no aceptar mansamente la primera alternativa—. Ninguna de las dos lecturas explica lo que de verdad ha fallado aquí: un sistema en el que una legalidad puede ser, a la vez, impecable y profundamente injusta; en el que existen mecanismos para frenar un desalojo por motivos humanitarios, pero nadie está obligado a usarlos.
¿De verdad hemos llegado al punto de que necesitamos elegir un bando? Para tener opinión, primero hay que tener toda la información. Y la información completa, en este caso, no cabe en un titular ni en una pancarta.
