@wilvelasquez
Hay leyes engendradas por la demagogia, cuyos padres biológicos difícilmente se llegan a conocer, gracias al excesivo celo de los padres adoptivos.
Son leyes concebidas dentro de los esquemas de la paternidad o maternidad planificada, generalmente la fecha del parto coincide con los procesos electorales.
Leyes que no cambian nada, no tienen el propósito de provocar cambios estructurales, solo buscan la celebración coyuntural del parto para alegrar la fiesta electoral, algunas veces para revitalizar liderazgos desgastado o distraer al elector de las cuestiones fundamentales.
Como observador extranjero, ajeno al proceso político español, he tenido la oportunidad de seguir los debates, y observar las crecientes expectativas de los supuestos beneficiarios, de dicha ley y el momento culminante en que, con la señal de costumbre, volvieron a sumir a los españoles, independentistas o no, en la frustración habitual y en un nuevo y por añadidura, acelerado proceso electoral.
Muy parecido a lo que pasa en Latinoamérica, la cual sigue siendo genéticamente hispana.
La Ley de Vivienda, después de tan acaloradas discusiones, terminó siendo una simple y deficiente ley de regulación de alquileres, que incorpora parte de la jurisprudencia generada a lo largo de los años de aplicación de la Ley de Regulación de Alquileres que no garantiza, en modo alguno, el derecho a la vivienda.
No tiene el propósito de incidir seriamente en el problema vivienda.
Cualquier profesional vinculado a la cuestión habitacional, sabe que además de las raíces históricas y económicas, los factores que influyen en la cuestión vivienda están determinados, por la existencia o no de terrenos urbanizados o urbanizables, el problema de la “PROPIEDAD DE LA TIERRA”, el financiamiento, o sea la banca, el papel de los constructores, los sistemas constructivos utilizados, incluida la posibilidad de su industrialización, (prefabricación masiva), las variables y limitantes ambientales, la participación de los clientes, usuarios, o beneficiarios, según sea el caso, costo de la mano de obra e insumos y fundamentalmente las políticas públicas de vivienda definidas y aplicadas por el Estado.
Lo anterior supone que el ataque del problema debe, considerar una organización mínima del Estado para afrontarlo, políticas y planes coherentes, la definición de los mecanismos de coordinación y cooperación entre los sectores privados y públicos, políticas públicas, que consideren la participación de la sociedad, la agilidad de los procesos administrativos, especialmente los relacionados con el otorgamiento de los permisos necesarios, eliminar la discrecionalidad de los funcionarios involucrados, los mecanismos de seguimiento, control y evaluación de dichas políticas, mediante métodos democráticos, transparentes y efectivos
Debe existir al menos un inventario nacional de tierras urbanizadas y urbanizables, que considere todas las variables urbanas y ambientales, leyes que definan las competencias nacionales, autonómicas, provinciales y municipales, las competencias exclusivas y compartidas entre dichas instancias, deben definirse las diferentes fuentes y mecanismos de financiamiento, la posibilidad de crear el banco nacional de infraestructuras, lo que además supone la existencia de un organismo nacional, que funcione estrechamente vinculado a las autonomías, que proponga los planes de producción de vivienda, la clasificación de las mismas más allá de la actual definición de viviendas de protección oficial.
Los ciudadanos no necesitan que protejan la vivienda, necesitan vivienda simple y llanamente, probablemente discutir este aspecto les lleve al establecimiento de los diferentes tipos de viviendas de interés social, interés prioritario, viviendas refugio, viviendas nómadas, centros de alojamiento turístico, cómo hostales y posadas, apoyo a las ampliaciones para las viviendas particulares que puedan ofrecer habitaciones o servicio de alojamiento a turistas, dentro del más amplio espectro del concepto de soluciones habitacionales, considerando de manera más amplia el concepto de hábitat.
Debe existir un organismo dedicado a la solución del problema habitacional, efectivo, que vincule al Estado, los promotores, los financistas y a los usuarios de manera efectiva, un organismo de vivienda debería actuar en coordinación con las universidades, en la promoción e investigación de nuevos sistemas constructivos, nuevos materiales, tipologías y tecnología e innovación, tanto en materia de construcción como en la planificación, la recomendación de nuevos métodos de planeación y control tales como el BIM, el SAP, metodologías de gestión y planificación de los recursos empresariales, (ERP) que garanticen tanto la efectividad como la transparencia.
Garantizar el derecho a la vivienda, supone criterios más amplios que el simple control de precios de alquiler.
La vivienda, o el techo, cómo se inició en la prehistoria, le da cobijo, unidad a la familia.
Se le debe considerar como la piedra angular del patrimonio familiar, por lo que los estados signatarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (2000) deben garantizar el derecho a la vivienda en su sentido más amplio, lo que incluye el ejercicio libre de la propiedad por parte del sujeto de derecho, en este sentido su valor de uso y de cambio, o de mercado para ser más preciso, no puede ser cuestionado, debemos considerarlo, en términos democráticos, como el capital semilla de toda familia que se inicia.
Independientemente de las facilidades que brinde el Estado, el uso que la familia le dé no puede ser cuestionado.
Una pareja puede iniciar su vida familiar en una vivienda de interés prioritario, por ejemplo, tipo estudio, de una habitación, pero eso debe servirle para financiar un espacio más amplio cuando nazcan los hijos, debe servir como instrumento de movilidad social, acceder a una vivienda de protección oficial, no puede significar la interrupción del sueño de brindar mejores niveles de vida a la familia.
Verlo de esa manera desde el Estado constituye una forma de segregación.
Hay Estados que no garantizan el derecho a la vivienda, que encima pechan el pago de alquiler, haciendo mas oneroso y difícil, el ejercicio de un derecho tan importante como la salud y la educación.
Si el estado, progre, liberal, de bienestar o de comiquita, cómo tenemos muchos en Hispanoamérica, considera, incidir en el problema vivienda debe involucrar a la banca.
Es cuestión sabida que el capital no tiene nacionalidad ni fronteras, que su naturaleza es reproducirse infinitamente, sin limitaciones morales o éticas, que no sabe de nacionalismos ni de banderas, que los políticos sin importar su ideología, para la banca, son simples instrumentos, circunstancialmente útiles y absolutamente desechables.
En el caso vivienda, los bancos, (fondos de inversión, capitales golondrinos, etc.) son las fuentes principales de financiamiento, por lo que la vivienda entre sus fauces pierde su condición de techo, albergue o patrimonio familiar, para quedar convertida en mercancía, en un simple mecanismo de reproducción del capital, que devora Estados, políticos y familias.
Su principal herramienta la conforman, los habituales levantadores de brazos que crean legislaciones acordes a sus intereses coyunturales.
Los bancos solo pueden ser enfrentados por sociedades organizadas que trasciendan la gestión de los partidos.
Después de la experiencia del 2008, la sociedad que elige gobiernos, que deja al criterio de los partidos su representación, debe entender la necesidad de participar más activamente en la defensa de sus derechos, caso contrario seguiremos eligiendo con nuestro voto a los representantes del capital.
No se trata de estigmatizar la banca, se trata de incidir en las ofertas de gobierno formuladas por los partidos, de invertir el método, no evaluar pasivamente las ofertas electorales, se trata de plantear “EXIGENCIAS ELECTORALES “, no sólo al partido donde se milita sino a todos los partidos.
Los electores debemos, desideologizar el voto e instrumentarlo como mecanismo de negociación con los partidos, los que quieran militar y comprometerse políticamente que lo hagan, pero el ciudadano común, el que trabaja y paga impuestos, debe moralmente, velar porque los mismos se utilicen debidamente, que las inversiones públicas se planifiquen más allá de la connotación ideológica del partido de gobierno.
Si el ciudadano paga los impuestos y elige a sus representantes, tiene el derecho natural a exigir el uso debido de los mismos.
La “burbuja del 2008”, dejo algunas lecciones, los Estados prefirieron financiar la banca, responsable de las crisis y castigar a los deudores hipotecarios que fueron las víctimas.
En alguno que otro país se financió a la sociedad y los resultados fueron mejores, en el caso de la ley de alquileres, se le dan beneficios fiscales a los arrendadores, que por la misma ley no pueden subir la renta, mientras que el desgravamen de los inquilinos por el pago de los alquileres, no alcanza el valor de un mes de renta anual en los casos que aplica.
El mercado es libre y el consumo también debe serlo.
A los ciudadanos nos toca no caer en sus manipulaciones.
El mercado de vivienda tiene elementos que lo distorsionan, entre los más evidentes, están la especulación y la excesiva intermediación.
Existe la promoción sana de la construcción y existe un lobysmo perverso, que en los países hispanoamericanos mueven capitales de naturaleza incierta, de carácter altamente especulativo y existen inmobiliarias, que, convertidas en los minoristas del negocio, con inversiones insignificantes, encarecen y perturban el mercado.
En algunas ciudades parece que existen tantas inmobiliarias como inquilinos.
En el caso del origen de los capitales, poco puede hacer el ciudadano que busca adquirir o alquilar una vivienda, corresponde a los organismos de seguridad de los Estados, su vigilancia y control, pero en cuanto al acto de comprar o alquilar, pueden incidir creando asociaciones civiles, que les apoyen en la búsqueda, evaluación del inmueble, la relación con el propietario, bien sea este de personalidad jurídica o particular, en la elaboración de los respectivos contratos, inclusive en la creación de un fondo de garantía que respalde en los casos de mora al propietario, seguros de mantenimiento de la vivienda, promoción del ahorro habitacional, crear si fuera necesario las organizaciones comunitarias de vivienda, y tantas otras posibilidades como permita la creatividad de los organizadores.
Igualmente, los ayuntamientos pueden y deberían crear oficinas de asistencia al ciudadano, que manejen el inventario de viviendas de alquiler, no sólo con fines fiscales sino con un carácter asistencial, intermediador y fundamentalmente de conciliación entre propietarios e inquilinos, que permita incidir en los costos de intermediación.
Este artículo no tiene destinatario ni pretende tener injerencia en cuestiones propias de los Estados, son, tan solo, unas reflexiones de medianoche.
