Hace unos días, escribí sobre un dato que debería inquietar a cualquier sociedad democrática. El Edelman Trust Barometer 2025 reveló que el 40 % de los encuestados, de media, en 28 países, consideraba aceptable al menos una forma de activismo hostil, desde los ataques personales en Internet y la difusión deliberada de desinformación hasta las amenazas, la violencia o la destrucción de bienes públicos o privados. Entre los jóvenes de 18 a 34 años, el porcentaje alcanzaba el 53 %. Esto no significa que todos aprobaran la violencia física, ni que esos resultados puedan asociarse directamente con quienes participan en las manifestaciones que actualmente se suceden en distintos países europeos. Pero las imágenes que llegan de Francia, Italia y Albania, a las que se suman protestas en España, Portugal y Bélgica, nos obligan a volver sobre esta cuestión. Se multiplican las manifestaciones motivadas por el coste de la vida, la vivienda, el deterioro de los servicios públicos, la corrupción y la creciente desconfianza hacia las instituciones. En Francia, las protestas también han dado lugar a graves episodios de destrucción, saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según informaciones difundidas por Reuters el 18 de octubre, alrededor de mil policías resultaron heridos durante los enfrentamientos. Una cifra de extraordinaria gravedad, que debería inquietar a cualquier ciudadano, independientemente de sus convicciones políticas. No estamos hablando únicamente de una estadística, sino de profesionales heridos en el ejercicio de sus funciones, de familias afectadas y de una cuestión fundamental sobre la autoridad del Estado y la seguridad colectiva. En Italia, Milán fue escenario de enfrentamientos y actos vandálicos. En Albania, las protestas estudiantiles también terminaron en episodios de violencia y ataques contra edificios públicos. No estamos ante acontecimientos idénticos, ni existen, hasta el momento, elementos que permitan afirmar que forman parte de un movimiento coordinado. Las causas son diferentes, como también lo son los contextos nacionales, y sería profundamente injusto confundir a quienes ejercen legítimamente su derecho de manifestación con aquellos que aprovechan una multitud para cometer actos violentos. Pero ¿es esta sucesión de acontecimientos una mera coincidencia temporal, la expresión de problemas estructurales que distintas sociedades han dejado acumular o la señal de una fragilidad europea que todavía no comprendemos del todo? ¿Estamos ante ciudadanos que han perdido la capacidad de afrontar la frustración, gobernantes que han perdido el valor de tomar decisiones difíciles o una combinación de ambas realidades? Y, mientras buscamos explicaciones a lo que está ocurriendo en las calles, ¿no estaremos ignorando aquello que, silenciosamente, se ha ido deteriorando dentro de nuestras propias sociedades?
La indignación no es, por sí sola, una virtud. Puede nacer de la conciencia de una injusticia, pero también del resentimiento, de la desinformación o de la incapacidad para aceptar que la realidad no responde a nuestras expectativas. El derecho a protestar constituye una de las grandes conquistas democráticas, pero una causa legítima no convierte en legítimos todos los comportamientos llevados a cabo en su nombre. Destruir una escuela porque se exige una educación mejor, incendiar bienes públicos porque se reclaman mejores servicios o vandalizar establecimientos comerciales porque se cuestionan decisiones políticas son contradicciones que ninguna sociedad debería normalizar. ¿Quién paga lo que se ha destruido? ¿Quién se queda sin los servicios interrumpidos, sin los establecimientos cerrados o con sus medios de subsistencia comprometidos? Con frecuencia, son precisamente quienes disponen de menos recursos y más dependen de los servicios públicos. Existe una incoherencia particularmente reveladora en la facilidad con la que determinados comportamientos se condenan o se disculpan según la identidad política de quienes los protagonizan. Cuando la violencia procede de los nuestros, aparecen las explicaciones. Cuando procede de los otros, se exige castigo. Pero la ley no puede depender de las simpatías de quien la invoca, ni la gravedad de un comportamiento puede determinarse por la popularidad de la causa que lo inspira. Una sociedad que empieza a justificar la destrucción en nombre de la justicia corre el riesgo de comprometer los propios principios que afirma defender. Y hay algo profundamente contradictorio en exigir mejores condiciones de vida mientras se destruyen los bienes, los servicios y las oportunidades de los que depende la vida de otras personas. La libertad de manifestación no puede convertirse en una licencia para vulnerar derechos ajenos, del mismo modo que comprender las causas del descontento no debe servir para disculpar sus consecuencias más graves. La verdadera madurez democrática exige precisamente esa capacidad para distinguir la legitimidad de una reivindicación de la responsabilidad por los medios utilizados para defenderla. La seguridad no es un privilegio de unos pocos, ni una concesión que el Estado pueda otorgar en función de la popularidad de una determinada causa. Es una condición de la libertad de todos. Y quizá quienes hoy relativizan la importancia del orden público solo comprendan plenamente lo que está en juego cuando sean ellos mismos quienes se enfrenten a la falta de protección. Porque una sociedad que acepta excepciones a la ley según la identidad de sus protagonistas acaba debilitando la confianza de todos en la justicia. Y cuando la justicia deja de ser reconocida como un principio común, ¿qué queda para impedir que cada cual intente imponer su propia voluntad?
Pero quizá la responsabilidad más grave no esté únicamente en las calles. También está en los despachos desde los que se gobierna. Existe una forma de irresponsabilidad política particularmente peligrosa, precisamente porque sus efectos pueden prolongarse durante generaciones, mientras que sus responsables rara vez soportan las consecuencias. Me refiero a la tentación de aplazar decisiones necesarias, evitar medidas impopulares y dejar problemas estructurales sin respuesta porque la proximidad de unas elecciones se impone sobre la obligación de gobernar. Naturalmente, no podemos presumir que cualquier decisión aplazada responda a cálculos electorales. Gobernar implica ponderar intereses legítimos, respetar los derechos fundamentales y reconocer que no todas las medidas aparentemente firmes son eficaces o justas. Pero tampoco podemos ignorar el peligro de convertir la conservación del poder en una finalidad superior al interés nacional. Un estudio de la OCDE, publicado en 2024, con datos recogidos el año anterior en 30 países, reveló que solo el 37 % de los encuestados, de media, consideraba probable que sus gobiernos fueran capaces de equilibrar adecuadamente los intereses de las generaciones presentes y futuras, mientras que el 41 % lo consideraba improbable. En otro estudio, el Edelman Trust Barometer 2025, solo el 36 % de los encuestados, de media, en los 28 países analizados, creía que la próxima generación viviría mejor que la actual. Son indicadores diferentes, que no demuestran que los gobernantes sacrifiquen deliberadamente el futuro por razones electorales, pero revelan una preocupante fragilidad de las expectativas depositadas en el mañana. ¿Cuántas decisiones se toman pensando en lo que podrán mejorar dentro de veinte años y cuántas en los votos que podrán proporcionar en las próximas elecciones? Los problemas de la vivienda, la seguridad, la integración social, las desigualdades territoriales o la sostenibilidad de los servicios públicos no surgieron ayer. Han atravesado sucesivos gobiernos, de distintas orientaciones políticas, han sido objeto de promesas y reformas, pero siguen exigiendo respuestas. Cuando la prudencia se convierte en indecisión permanente, cuando la negociación sirve únicamente para ganar tiempo y cuando la aplicación de la ley empieza a valorarse en función de sus posibles costes electorales, el problema deja de ser exclusivamente político. Se convierte en un riesgo para la estabilidad y la confianza de toda una nación. Gobernar es actuar hoy para construir el futuro, no sacrificar el futuro para ganar votos hoy. Porque las consecuencias de una decisión impopular pueden costar unas elecciones, mientras que las consecuencias de sucesivas decisiones aplazadas pueden comprometer a un país durante generaciones.
Es precisamente en este ambiente de descontento, desconfianza y respuestas insuficientes donde los movimientos y partidos extremistas, tanto de derechas como de izquierdas, encuentran un terreno fértil para ampliar su influencia. Se alimentan de problemas reales, de promesas incumplidas y de la sensación de abandono de ciudadanos que han dejado de creer en las instituciones tradicionales. Se presentan como quienes finalmente tendrán el valor de hacer lo que otros no hicieron. Transforman la complejidad en consignas, la frustración en resentimiento y el miedo en una oportunidad de movilización política. La Historia debería hacernos especialmente conscientes de estos riesgos. El siglo XX demostró cómo movimientos totalitarios de distintas orientaciones ideológicas explotaron crisis económicas, conflictos sociales y desilusiones colectivas para conquistar el poder, acabando por restringir las libertades, perseguir a sus adversarios y subordinar las instituciones a sus propios intereses. Sería irresponsable afirmar que todos los movimientos radicales actuales siguen el mismo camino o ignorar las profundas diferencias entre sus programas y comportamientos. Pero sería igualmente ingenuo creer que la participación en unas elecciones constituye, por sí sola, una garantía de respeto duradero a la democracia. El peligro comienza cuando alguien se proclama representante exclusivo del pueblo, presenta a todos sus adversarios como enemigos y considera la independencia de la justicia, la libertad de prensa o los límites constitucionales obstáculos para llevar a cabo su voluntad. Y los gobernantes que, por miedo a perder votos, aplazan decisiones indispensables deberían comprender que pueden estar alimentando precisamente el descontento del que estos movimientos obtienen su fuerza. La cuestión no es impedir democráticamente la existencia de alternativas políticas, incluso cuando defienden cambios profundos. Es exigir a todas el respeto a las reglas que permiten la propia alternancia democrática. Porque conquistar el poder a través de las elecciones no garantiza, por sí solo, la voluntad de seguir ejerciéndolo democráticamente. Y una sociedad que, desesperada por encontrar soluciones, entrega su libertad a quien promete resolver todos los problemas puede descubrir que el precio exigido es muy superior a lo que esperaba recibir.
Sería, sin embargo, demasiado cómodo atribuir toda la responsabilidad a los políticos. Hay una dimensión de esta crisis que comienza mucho antes de las elecciones y las manifestaciones. Comienza en la forma en que educamos, en cómo entendemos la libertad y en cómo nos hemos acostumbrado a afrontar la exigencia y la frustración. Vivimos en una sociedad que proclama derechos con extraordinaria facilidad, pero que no siempre muestra la misma disposición a reconocer deberes, límites y responsabilidades. Algunos padres confunden el amor con la obligación de satisfacer todos los deseos de sus hijos. Quieren proporcionarles todo aquello que ellos no tuvieron, sin preguntarse si lo que más necesitaban eran más bienes materiales o más tiempo, atención, educación y ejemplo. No se trata de recuperar modelos educativos autoritarios, ni de responsabilizar indiscriminadamente a las familias de las dificultades sociales. Se trata de reconocer que educar implica también saber decir no, enseñar a esperar, comprender las consecuencias de los propios actos y aceptar que la vida no siempre responde a lo que deseamos. Los padres no necesitan dejar de estar cerca de sus hijos para ejercer su responsabilidad como padres. Pero tampoco pueden renunciar a esa responsabilidad para convertirse únicamente en sus mejores amigos. Y la exigencia no termina en casa. Se prolonga en las escuelas, las universidades, las empresas y en nuestra forma de participar en la vida pública. La mediocridad se instala cuando el esfuerzo deja de valorarse, cuando el conocimiento es sustituido por la opinión inmediata y cuando el debate público empieza a recompensar más la agresividad que la calidad de los argumentos. La democracia necesita ciudadanos capaces de distinguir un hecho de una interpretación, una promesa de una solución y una dificultad real de una imposibilidad absoluta. Necesita personas que no confundan discrepar con odiar y que comprendan que la libertad de expresión no exime de responsabilidad por lo que se afirma. La infantilización de una sociedad no se manifiesta únicamente en la incapacidad para aceptar límites, sino también en la expectativa de que alguien, un gobierno, un partido o un líder providencial, resuelva todos los problemas sin exigir ningún esfuerzo ni compromiso por nuestra parte.
Mientras tanto, Europa se enfrenta a desafíos que deberían exigir precisamente lo contrario de esta fragmentación. La guerra en Ucrania sigue recordándonos que la paz no es una condición natural ni una conquista irreversible. La relación con Estados Unidos atraviesa incertidumbres estratégicas, Rusia sigue siendo un factor central de inseguridad europea y la autonomía política, económica y militar del continente continúa planteando cuestiones difíciles. No sería prudente descartar la posibilidad de que potencias extranjeras exploten nuestras divisiones, pero tampoco sería intelectualmente serio atribuirles manifestaciones concretas sin pruebas. Muchas de las causas del descontento europeo son genuinas y responden a problemas internos que necesitan respuestas igualmente internas. Quizá nuestra mayor fragilidad resida en la incapacidad para reconocer que una democracia no se fortalece únicamente por la posibilidad de protestar, ni se protege exclusivamente mediante la autoridad del Estado. Necesita gobernantes capaces de decidir con independencia, instituciones que funcionen, ciudadanos que asuman responsabilidades y una cultura política que no convierta cualquier discrepancia en una guerra entre enemigos. La paz no significa ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolverlos sin destruir aquello que nos permite seguir conviviendo. Y la madurez democrática se mide también por el valor de aceptar decisiones difíciles cuando son necesarias, proporcionadas y justificadas, aunque no sean populares. El verdadero legado de un gobernante no es el número de elecciones que ganó, sino el país que deja cuando ya no esté en el poder. Quizá estemos tan ocupados discutiendo quién debe gobernar mañana que hemos dejado de preguntarnos qué sociedad estamos preparando para quienes vivirán después de nosotros. Porque la democracia puede sobrevivir a la derrota de un gobierno, a la caída de un partido o a la impopularidad de una decisión. Más difícil será sobrevivir a la pérdida continuada de confianza, de responsabilidad y de respeto por los principios que la sostienen. Y cuando finalmente comprendamos el precio de las decisiones que no tuvimos el valor de tomar, ¿seguiremos teniendo suficiente libertad para elegir un camino diferente?
Referencias
[1] Edelman Trust Institute (2025). 2025 Edelman Trust Barometer. Global Report. Trust and the Crisis of Grievance. Edelman Trust Institute.
[2] OECD (2024). OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Results: Building Trust in a Complex Policy Environment. OECD Publishing, París.
