Europa, entre las tensiones de hoy y el mañana que ya estamos construyendo. Por Miguel Abreu

Europa atraviesa un periodo de inquietud que merece mucho más que las imágenes de manifestaciones, enfrentamientos y violencia que se suceden en los informativos. En distintos países se acumulan dificultades económicas, tensiones sociales, preocupaciones por la seguridad e interrogantes sobre la inmigración, la integración y la continuidad de las comunidades nacionales. Las causas no son necesariamente las mismas, y buscar una explicación única para acontecimientos tan distintos supondría ignorar la complejidad de las realidades que subyacen a ellos. Pero quizá sea precisamente esa complejidad lo que hace aún más preocupante la pobreza del debate público. Asistimos con frecuencia a debates televisivos en los que casi nadie consigue terminar una idea, donde se interrumpe antes de escuchar y donde la fidelidad a una posición partidista parece valer más que la comprensión de la realidad. Confundimos la intensidad de la voz con la fuerza de la razón, la convicción ideológica con el conocimiento y la facilidad para señalar culpables con la capacidad de encontrar soluciones. Mientras tanto, los problemas permanecen y las sociedades siguen transformándose. Hay cuestiones demasiado importantes como para dejarlas en manos del espectáculo de la confrontación política. La inmigración, la seguridad, la nacionalidad y la identidad cultural son algunas de ellas. Y la sucesión de acontecimientos que observamos debería llevarnos a preguntarnos si estamos únicamente ante manifestaciones de descontento o si existen fragilidades más profundas en la forma en que los Estados anticipan los cambios, organizan sus territorios y protegen la convivencia. No existen fundamentos suficientes para considerar coordinados movimientos que tienen orígenes, participantes y objetivos distintos. Pero tampoco podemos ignorar que los periodos de inestabilidad ofrecen oportunidades a movimientos extremistas de distintas orientaciones y a organizaciones interesadas en explotar las divisiones sociales. Quizá el problema no esté solo en lo que sucede en las calles, sino también en aquello que, durante años, hemos ido dejando de debatir con la seriedad necesaria.

Acoger a las personas no consiste simplemente en permitirles entrar en un país. Significa asumir la responsabilidad de crear las condiciones para que puedan vivir con dignidad, sin comprometer las condiciones de vida de quienes ya residen en él. Esta debería ser una exigencia elemental de cualquier política migratoria. Según el International Migration Outlook 2025, de la OCDE, los países miembros recibieron alrededor de 6,2 millones de nuevos inmigrantes permanentes en 2024, una cifra aproximadamente un 15 % superior a la de 2019, aunque inferior a la registrada en 2023. No estamos ante una realidad residual, sino ante movimientos de población con efectos económicos, sociales y territoriales que exigen capacidad de anticipación. Quien llega para trabajar necesita mucho más que un contrato. Necesita una vivienda que pueda permitirse, atención sanitaria, transporte, servicios administrativos y, con frecuencia, colegios para sus hijos. Y quienes ya viven en el país siguen necesitando exactamente esas mismas condiciones. No basta con afirmar que la economía necesita trabajadores si no se evalúa si existen las condiciones necesarias para que esos trabajadores puedan construir una vida verdaderamente digna. La llegada de nuevos residentes puede contribuir a la actividad económica y a la sostenibilidad de determinados servicios, pero también puede agravar las presiones locales cuando la vivienda, el transporte o los equipamientos públicos no acompañan el crecimiento de la población. La cuestión no es atribuir a los extranjeros la responsabilidad de problemas que, con frecuencia, ya existían. Se trata de comprender por qué los gobiernos siguen tratando como decisiones independientes lo que, en realidad, constituye una única responsabilidad. ¿Y por qué seguimos concentrando empresas, empleos y habitantes en las grandes ciudades y en las zonas costeras, cuando existen regiones del interior que necesitan inversión, servicios públicos y condiciones para que las familias puedan establecerse? La calidad de vida no debería depender de la obligación de vivir en una gran ciudad, ni la capacidad de acogida debería medirse únicamente por el número de autorizaciones concedidas. Un país que invita a las personas a trabajar sin preocuparse por las condiciones en las que van a vivir puede estar convirtiendo una oportunidad de desarrollo en una nueva forma de precariedad. Pero también debemos preguntarnos qué oportunidades reales de convivencia, aprendizaje y participación estamos ofreciendo a quienes llegan. ¿Es legítimo exigir una integración profunda en una comunidad que, en ocasiones, no ofrece las condiciones necesarias para que esa integración se produzca? La responsabilidad de integrar no corresponde exclusivamente a quien busca un nuevo país. También corresponde a la sociedad que lo recibe, a sus instituciones y a quienes se benefician de su trabajo.

La investigación económica demuestra que las consecuencias de la inmigración dependen de las políticas adoptadas, de las condiciones del mercado laboral y de las trayectorias de las personas que llegan. El Migration Advisory Committee británico, organismo independiente que asesora al Gobierno, publicó en 2025 un análisis sobre el impacto fiscal de la inmigración en el Reino Unido. Sus resultados muestran diferencias significativas entre las distintas vías de entrada, los niveles salariales y las trayectorias profesionales. Son proyecciones sujetas a determinadas hipótesis, no una medida del valor humano de los inmigrantes, pero ponen de manifiesto la importancia de conocer las consecuencias de las decisiones políticas. La necesidad de contratar trabajadores no puede justificar que se ignoren las cualificaciones requeridas, las condiciones salariales, las necesidades de formación o la capacidad real del mercado para proporcionar un empleo estable. También sería un error reducir toda la inmigración a una operación de contratación de personal. Hay familias, estudiantes, refugiados y personas que buscan protección frente a situaciones de peligro, cuyos derechos y circunstancias requieren respuestas diferentes. Precisamente porque esas realidades son distintas, no deberían abordarse mediante criterios indiferenciados. ¿Es razonable fomentar la entrada de trabajadores para actividades en las que ya no existen suficientes oportunidades, mientras siguen sin cubrirse necesidades reales en otros sectores? ¿Y resulta aceptable que determinadas empresas se beneficien de la contratación de trabajadores extranjeros sin garantizar unas condiciones adecuadas, trasladando a los propios trabajadores y a los servicios públicos los costes de la falta de preparación? Existe, sin embargo, una responsabilidad que va más allá de las políticas migratorias. Cuando determinados sectores económicos dependen sistemáticamente de salarios bajos y de trabajadores dispuestos a aceptar condiciones precarias, ¿no deberíamos cuestionar también los modelos empresariales que sostienen esa dependencia? La inmigración puede responder a necesidades reales de mano de obra y contribuir al desarrollo. Pero ¿podría estar también, en determinadas circunstancias, retrasando inversiones en formación, innovación, productividad y valorización del trabajo? No se trata de cerrar las puertas a quienes buscan trabajar. Se trata de impedir que esa necesidad se convierta en una oportunidad para explotar a personas vulnerables o perpetuar debilidades que deberían corregirse. Un trabajador que permanece durante años en una situación precaria, sin condiciones adecuadas de vivienda ni perspectivas de desarrollo, difícilmente encontrará el entorno más favorable para construir vínculos duraderos con la comunidad. La inmigración no debería utilizarse para corregir debilidades económicas a costa de crear nuevas fragilidades sociales. Y quizá deberíamos empezar por preguntarnos si realmente estamos planificando el futuro de las personas o si nos limitamos a responder a las necesidades inmediatas de determinados sectores económicos.

La seguridad merece una reflexión igualmente exigente, sobre todo porque la falta de rigor en este debate beneficia tanto a quienes dramatizan las cifras como a quienes prefieren no hablar de ellas. Las estadísticas policiales alemanas correspondientes a 2025 indican que el 42,9 % de los sospechosos identificados en delitos violentos tenían nacionalidad no alemana. Es un dato relevante que no debe omitirse. Pero su interpretación exige reconocer que esa categoría incluye situaciones muy diferentes, que una persona sospechosa no es necesariamente una persona condenada y que las cifras no demuestran, por sí solas, una relación causal entre inmigración y delincuencia. En ese mismo periodo, Alemania registró una disminución del 2,3 % en los delitos violentos, según las estadísticas oficiales. La coexistencia de estos resultados debería bastar para mostrar cómo una realidad compleja puede distorsionarse cuando seleccionamos únicamente los indicadores que confirman nuestras convicciones. Tampoco podemos ignorar los efectos de la edad, el sexo, las condiciones socioeconómicas, la situación residencial y las diferencias entre tipos de delitos. Pero estas precauciones no deben servir de excusa para evitar preguntas difíciles. ¿Existen patrones específicos de delincuencia que requieren respuestas diferentes? ¿Qué relación guardan con la exclusión social, el desempleo, la delincuencia organizada o la falta de integración? ¿Qué medidas han demostrado ser capaces de reducir la reincidencia y prevenir las formas más graves de violencia? ¿Y disponen los Estados de medios suficientes para identificar los riesgos antes de que se produzcan consecuencias irreparables? Una democracia debe rechazar la culpabilización colectiva de personas por razón de su origen, pero tampoco puede renunciar a investigar los problemas por temor a que los resultados resulten políticamente incómodos. La seguridad no se protege ocultando estadísticas, ni puede comprenderse convirtiendo las estadísticas en prejuicios. Se protege mediante el conocimiento, la prevención, la justicia y la aplicación coherente de la ley. Porque la dignidad de quienes llegan y la seguridad de quienes ya viven en un país no son intereses necesariamente opuestos. Deberían constituir responsabilidades inseparables de un Estado que se considera democrático. ¿Y es posible exigir confianza en las instituciones cuando los ciudadanos no comprenden los criterios de las decisiones, desconocen sus resultados o sienten que determinadas preocupaciones no encuentran espacio para ser debatidas con serenidad?

El espacio Schengen añade otra dimensión a esta responsabilidad. La libertad de circulación constituye uno de los grandes logros de la integración europea, al permitir que millones de personas estudien, trabajen, viajen y desarrollen actividades económicas sin los obstáculos que durante décadas marcaron las fronteras nacionales. Pero la libertad de circulación exige confianza entre Estados, fronteras exteriores eficaces, sistemas de identificación fiables y una cooperación policial capaz de responder a amenazas que trascienden los límites territoriales. El informe EU-SOCTA 2025, de Europol, describe una delincuencia organizada cada vez más transnacional, apoyada en redes digitales, estructuras económicas aparentemente legítimas y formas sofisticadas de colaboración entre organizaciones criminales. Entre estas actividades se encuentran la trata de seres humanos y el favorecimiento de la inmigración irregular, cuyas víctimas son con frecuencia los propios migrantes. Son amenazas reales, aunque no demuestran que la mayoría de los extranjeros represente peligro alguno ni que exista un aumento generalizado de la circulación de extremistas a causa de Schengen. El Derecho europeo permite, además, que los Estados restablezcan temporalmente controles en las fronteras interiores ante amenazas graves para el orden público o la seguridad interior, respetando los criterios de necesidad y proporcionalidad. Algunos países ya han recurrido a esta posibilidad. Por tanto, la cuestión no debería limitarse a la disyuntiva entre mantener o suspender Schengen, sino a evaluar si sus mecanismos de seguridad responden adecuadamente a las amenazas existentes. El Sistema de Información de Schengen ya permite compartir alertas relativas a decisiones de retorno y prohibiciones de entrada. Conviene saber si esa información es completa, está actualizada y se utiliza de manera efectiva, y si las decisiones legalmente adoptadas llegan a ejecutarse. Pero existe una dificultad que va más allá de los mecanismos policiales. Compartimos un espacio de circulación, aunque las condiciones económicas, de vivienda y sociales necesarias para la acogida siguen siendo profundamente diferentes entre países y regiones. El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aplicable desde junio de 2026, pretende reforzar los procedimientos comunes y el reparto de responsabilidades. ¿Será suficiente armonizar las normas sin garantizar que los Estados dispongan de los medios necesarios para aplicarlas? ¿Y hasta qué punto podemos seguir tratando como exclusivamente nacionales las consecuencias de decisiones cuyos efectos traspasan las fronteras? Una libertad que no va acompañada de responsabilidad puede volverse vulnerable, pero una seguridad construida mediante la restricción permanente de las libertades puede acabar destruyendo aquello que pretendía proteger. Quizá la respuesta no consista simplemente en elegir entre una mayor soberanía nacional y una mayor integración europea, sino en comprender cómo pueden ambas servir a una responsabilidad que ningún Estado puede asumir completamente por sí solo.

Pero existe una cuestión aún más profunda que la entrada y la permanencia de extranjeros. El significado de la nacionalidad. Una nación no nace de una decisión administrativa, ni la identidad de un pueblo se construye en una generación. Es el resultado de una historia compartida, de una lengua, de instituciones, de tradiciones, de memorias y de principios que se transmiten y transforman a lo largo del tiempo. La adquisición de la nacionalidad establece, sin embargo, una realidad jurídica y política que no debe confundirse con una simple autorización de residencia. En Portugal, la legislación modificada en mayo de 2026 pasó a exigir, con carácter general, siete años de residencia legal a los nacionales de países de lengua oficial portuguesa y a los ciudadanos de la Unión Europea, y diez años a los nacionales de otros países, además de requisitos relacionados con la lengua, la historia, la cultura y los principios democráticos, manteniéndose las normas anteriores para los expedientes que ya estuvieran pendientes en la fecha de entrada en vigor. Pero ¿demuestra, por sí solo, el transcurso de diez años una integración profunda? ¿Y hablar portugués constituye prueba suficiente de proximidad cultural, de participación cívica o de identificación con los principios de la comunidad nacional? Una persona puede construir vínculos profundos con un país en pocos años, mientras que otra puede permanecer durante décadas sin establecer una relación significativa con la sociedad que la rodea. También merece reflexión la nacionalidad transmitida por ascendencia familiar. Los vínculos familiares pueden representar una pertenencia histórica y afectiva genuina, incluso cuando alguien ha nacido lejos del país de sus antepasados. Pero ¿será siempre suficiente ese vínculo cuando no existe conocimiento de la realidad nacional ni participación efectiva alguna en la vida de la comunidad? Y aquí surge una dificultad que no podemos ignorar. ¿Cómo puede un Estado evaluar la profundidad de esa integración sin convertir la nacionalidad en un juicio subjetivo sobre la identidad, las convicciones o los sentimientos de cada persona? El conocimiento de la lengua, de la historia y de las instituciones puede evaluarse. El respeto a la Constitución y a las leyes puede exigirse. La participación en la vida de la comunidad puede fomentarse. Pero ¿puede un Estado democrático determinar lo que alguien debe sentir por el país o establecer una interpretación oficial de lo que significa ser culturalmente próximo? ¿Y no forma también parte de la ciudadanía el derecho a discrepar, protestar y tratar de modificar democráticamente las propias leyes? No se trata de convertir el pago de impuestos en una condición exclusiva de pertenencia, ni de considerar menos portugueses a quienes han adquirido legítimamente la nacionalidad. Se trata de cuestionar la coherencia y la exigencia de los criterios que preceden a su concesión, sin comprometer las libertades que la ciudadanía pretende proteger. El tiempo de residencia puede contarse. La profundidad de una integración es mucho más difícil de medir. Y quizá la ciudadanía debería debatirse menos como una ventaja asociada a un pasaporte y más como un compromiso duradero con una comunidad política, sus derechos, sus deberes y su futuro.

La identidad cultural exige todavía mayor prudencia. Una nación no es una realidad inmóvil, encerrada en una fotografía del pasado. La propia historia europea demuestra cómo las sociedades se han transformado mediante migraciones, encuentros, conflictos, intercambios comerciales e influencias culturales. Pero reconocer esa evolución no significa considerar irrelevante la continuidad histórica de un pueblo. Una comunidad necesita referencias comunes, una memoria que le permita reconocerse y unos principios que organicen la convivencia entre personas con trayectorias diferentes. La integración no debería exigir que alguien abandonase su religión, sus tradiciones familiares o la memoria de sus orígenes. Pero tampoco puede significar que determinadas prácticas culturales se sitúen por encima de la ley, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la libertad de conciencia o de los derechos fundamentales. Estos principios deben vincular a todos, independientemente de que hayan nacido en el país o adquirido posteriormente su nacionalidad. La participación política de ciudadanos naturalizados, incluida la posibilidad de ocupar cargos públicos, forma parte de los derechos inherentes a la ciudadanía democrática. Lo que debe someterse a escrutinio no es la ascendencia de quien ejerce el poder, sino el respeto a los principios constitucionales y a las instituciones a las que ese poder tiene la obligación de servir. Aun así, ¿no deberíamos debatir con mayor profundidad cómo afectan las transformaciones demográficas y culturales a la transmisión de la memoria colectiva, la educación, la cohesión social y el sentimiento de pertenencia? ¿Será posible preservar aquello que constituye la singularidad histórica de una comunidad sin impedir su evolución? ¿Y cómo distinguir una integración lograda de una simple coexistencia de grupos que viven en el mismo territorio, pero apenas comparten experiencias, referencias o responsabilidades comunes? La integración no se produce únicamente mediante la imposición de requisitos administrativos. También se construye en los lugares de trabajo, en los colegios, en los barrios, en las asociaciones y en los encuentros cotidianos entre personas. Y exige una disposición recíproca a conocer, respetar y participar en una vida compartida, sin que ello implique renunciar a las convicciones personales. Preservar una identidad no debería significar cerrarse a los demás, del mismo modo que acoger la diferencia no debería exigir olvidar lo que somos. Quizá la verdadera dificultad consista en comprender que la continuidad de una nación no depende únicamente de quienes nacen en ella, sino también de la capacidad de transmitir referencias comunes a todos aquellos que pasan a formar parte de su historia.

Mientras tanto, el tiempo político sigue avanzando mucho más deprisa que el tiempo necesario para comprender y corregir las consecuencias de las decisiones. La inmigración, la seguridad, la nacionalidad y la integración cultural no pueden seguir siendo rehenes de sucesivas campañas electorales, de discursos emocionales o de debates en los que parece más importante vencer al adversario que comprender el problema. Hay decisiones que requieren estudio, ponderación y garantías jurídicas. Otras exigen capacidad operativa inmediata, inversión, supervisión y cumplimiento efectivo de las normas existentes. La urgencia no legitima la arbitrariedad, pero la complejidad no puede convertirse en una excusa permanente para no hacer nada. Los gobernantes deben ser capaces de explicar qué necesidades de acogida existen, dónde se encuentran las oportunidades reales, qué recursos están disponibles, cómo se realiza el seguimiento de la integración y qué medidas permiten proteger la seguridad colectiva. También deben explicar cómo garantizan los derechos de quienes llegan y cómo evitan que los costes de políticas insuficientemente planificadas recaigan sobre quienes ya afrontan mayores dificultades. Pero la responsabilidad no corresponde únicamente al Estado. También las empresas deben responder de las condiciones en las que contratan, las instituciones de la calidad de los servicios que prestan y cada persona de la manera en que participa en la comunidad. Una sociedad no se vuelve más humana por anunciar intenciones generosas que no consigue materializar, ni se vuelve más segura por multiplicar restricciones cuya eficacia no demuestra. Quizá el verdadero sentido de gobernar esté precisamente en la capacidad de rechazar estas dos facilidades. Acoger sin preparar puede convertirse en una irresponsabilidad. Preservar sin comprender puede convertirse en una injusticia. Y gobernar exige no eludir ninguna de estas responsabilidades. Una nación no es solo aquello que hemos heredado, sino también aquello que tendremos que transmitir. Por eso, quizá lo más importante sea saber qué comunidad estamos construyendo, qué condiciones de vida estamos garantizando y qué principios queremos preservar para quienes todavía no han nacido. Porque las consecuencias de nuestras decisiones podrán sentirse mucho después de que hayan desaparecido los gobernantes que las tomaron, los partidos que las defendieron y las polémicas que ocuparon los informativos. Y cuando las próximas generaciones miren el país que les hemos dejado, ¿reconocerán en él una sociedad que supo acoger, integrar y preservar su identidad, o se preguntarán por qué tuvimos tanto miedo de afrontar, cuando aún estábamos a tiempo, las cuestiones que ya hoy conocíamos?

Referencias

[1] OCDE (2025). International Migration Outlook 2025. OECD Publishing, París. Informe oficial.

[2] Migration Advisory Committee (2025). The Fiscal Impact of Immigration in the UK. Gobierno del Reino Unido, 11 de diciembre de 2025. Informe oficial.

[3] Gobierno Federal de Alemania (2026). Polizeiliche Kriminalstatistik 2025. Estadísticas oficiales.

[4] Europol (2025). The Changing DNA of Serious and Organised Crime – EU-SOCTA 2025.

[5] Comisión Europea (2026). State of Schengen Report 2026, 18 de mayo de 2026. Informe oficial.

[6] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2018). Reglamento (UE) 2018/1860. EUR-Lex.

[7] Asamblea de la República de Portugal (2026). Lei Orgânica n.º 1/2026, de 18 de maio. Diário da República – Portugal.

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