Hay dos palabras que parecen haber perdido el derecho a existir en el vocabulario de las sociedades modernas. Obediencia y exigencia. La primera se ha vuelto casi sospechosa, frecuentemente asociada con la sumisión, la represión o la falta de libertad. La segunda se confunde a menudo con elitismo, insensibilidad o exclusión. Sin embargo, sin respeto por las normas comunes y sin criterios de calidad, ¿cómo podremos construir una sociedad justa, desarrollada y sostenible? Más preocupante aún es comprobar que personas con responsabilidades gubernamentales, políticas, sociales, institucionales y empresariales, que deberían ser referentes de integridad, competencia y responsabilidad, no siempre demuestran con su ejemplo aquello que exigen a los demás. Una sociedad no pierde sus valores únicamente cuando los ciudadanos dejan de respetarlos. También los pierde cuando quienes la dirigen dejan de dar testimonio de ellos.
Si observamos lo que está ocurriendo en Portugal, España, Francia, Italia y otros países europeos, encontramos contradicciones que merecen una reflexión seria. Reclamamos sociedades más justas, mejores servicios públicos, mayor libertad y respuestas a problemas que, en muchos casos, llevan décadas acumulándose. Son aspiraciones legítimas. Pero hablar de derechos sin afrontar los deberes que conllevan, exigir servicios sin evaluar los recursos disponibles o reclamar soluciones sin considerar sus consecuencias difícilmente contribuirá a construir una sociedad más desarrollada. La libertad no puede significar que cada persona haga únicamente lo que desea, independientemente de los derechos de los demás. Y la justicia social no se construye eliminando la responsabilidad individual, sino creando las condiciones necesarias para que todos tengan oportunidades reales de participar, contribuir y desarrollar sus capacidades. El verdadero progreso exige algo más que buenas intenciones. Exige conocimiento, esfuerzo, decisiones responsables y capacidad para pensar más allá de los intereses inmediatos.
El derecho de manifestación constituye una de las garantías fundamentales de cualquier democracia. Protestar no equivale a desobedecer ilegítimamente, del mismo modo que discrepar del poder no representa una amenaza para el orden democrático. Al contrario, muchas conquistas sociales nacieron precisamente del valor de ciudadanos que se negaron a aceptar injusticias. Una manifestación puede incomodar, alterar las rutinas y cuestionar decisiones políticas sin perder legitimidad. Pero existe una frontera que no debe relativizarse. La libertad de protestar no otorga el derecho a agredir, intimidar o destruir. Cuando la violencia sustituye a los argumentos y la indignación prescinde de la presentación de propuestas, el propio sentido de la reivindicación puede desvirtuarse. La complejidad de los problemas no desaparece con consignas, acusaciones o peticiones de dimisión. Exige conocimiento, capacidad de diálogo y propuestas que puedan debatirse y evaluarse. Una causa justa no convierte automáticamente en justos todos los medios utilizados para defenderla. Y una sociedad verdaderamente democrática debe tener la madurez suficiente para proteger el derecho a protestar y, al mismo tiempo, exigir responsabilidades a quienes traspasan los límites de la ley.
Es precisamente en este contexto donde resulta importante recuperar el verdadero significado de la obediencia. Obedecer una norma legítima no significa renunciar a la libertad, a la conciencia ni a la capacidad de pensar. Significa reconocer que la vida en sociedad exige compromisos comunes y que nuestros derechos coexisten con los derechos de los demás ciudadanos. Naturalmente, las leyes pueden ser injustas, las autoridades pueden equivocarse y las decisiones deben poder cuestionarse. Para eso existen los tribunales, los mecanismos de control y los instrumentos democráticos de contestación. La propia desobediencia civil pacífica desempeñó un papel relevante en diferentes momentos de la historia, al cuestionar públicamente determinadas normas y asumir las consecuencias de esa decisión. Pero transformar la discrepancia individual en una autorización permanente para ignorar las reglas comunes es algo profundamente distinto. Cuando el cumplimiento de la ley pasa a depender exclusivamente de la conveniencia de cada uno, deja de existir un criterio común y se abre la puerta a que prevalezca la voluntad de quienes tienen mayor poder o capacidad de presión. En ese escenario, serán precisamente los más vulnerables quienes encontrarán mayores dificultades para que sus derechos sean protegidos.
Esa misma coherencia debe orientar la relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, los tribunales y las demás instituciones. Quienes ejercen la autoridad deben actuar dentro de los límites legales, aceptar el escrutinio y responder por los abusos que puedan cometer. Pero la necesidad de ese control no puede confundirse con la deslegitimación sistemática de la autoridad ejercida legítimamente. Una sociedad que exige seguridad, pero resta importancia al cumplimiento de la ley cuando este contraría determinados intereses, incurre en una contradicción difícil de sostener. La independencia judicial, la actuación responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el respeto por las instituciones no son obstáculos para la libertad. Son garantías esenciales para que la libertad no dependa de la fuerza, de la influencia o de la posición social de cada persona. Respetar la autoridad no exige estar permanentemente de acuerdo con sus decisiones. Exige reconocer la legitimidad de las instituciones y, al mismo tiempo, reclamarles rigor, transparencia y responsabilidad.
La exigencia merece una reflexión igualmente profunda. Exigir competencia no es humillar. Exigir responsabilidad no es perseguir. Exigir esfuerzo no significa ignorar las desigualdades ni las dificultades reales a las que tantas personas se enfrentan. Una sociedad justa debe proteger a quienes lo necesitan, crear oportunidades y combatir las situaciones de exclusión. Pero también debe reconocer el valor del trabajo, de la formación continua, del mérito y del cumplimiento de las obligaciones colectivas. El mismo principio debe aplicarse a la utilización de los recursos públicos. Las ayudas concedidas a ciudadanos, empresas u organizaciones deben responder a necesidades y objetivos concretos, acompañados de una evaluación y una fiscalización adecuadas. La solidaridad pierde credibilidad cuando el fraude, el despilfarro o el incumplimiento deliberado no tienen consecuencias. Y pierde sostenibilidad cuando se olvida que los recursos disponibles proceden, en gran medida, del esfuerzo de quienes trabajan, generan riqueza y contribuyen mediante sus impuestos. El respeto por el bien común exige proteger a quienes lo necesitan, pero exige igualmente responsabilidad a quienes reciben, a quienes distribuyen y a quienes supervisan.
Esta responsabilidad adquiere una dimensión aún más exigente cuando hablamos de quienes ejercen funciones de liderazgo. No podemos pedir disciplina a los ciudadanos y aceptar que los responsables políticos relativicen el cumplimiento de las normas. No podemos exigir rigor a los trabajadores y tolerar que los dirigentes se nieguen a reconocer sus propios errores. Tampoco podemos reclamar confianza en las instituciones cuando decisiones necesarias se aplazan sistemáticamente por conveniencia política. Gobernar no debería significar buscar permanentemente la aprobación popular, sino asumir decisiones fundamentadas, incluso cuando sus resultados no sean inmediatos o sus consecuencias electorales resulten desfavorables. Lo mismo se aplica a las empresas, a las instituciones sociales y a las demás organizaciones. La autoridad no se fortalece únicamente por el cargo que se ocupa o por el poder formalmente atribuido. Se construye mediante la competencia, la integridad y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El ejemplo de quienes lideran puede inspirar a toda una sociedad. La ausencia de ese ejemplo también deja huellas profundas, especialmente en las generaciones que aprenden a interpretar la responsabilidad observando el comportamiento de quienes deberían representarla.
Los medios de comunicación también desempeñan un papel fundamental en la construcción de una sociedad más informada. La libertad de información debe ir acompañada de rigor, independencia intelectual y respeto por la verdad. Una democracia necesita pluralismo, debate y confrontación de ideas, pero no se beneficia cuando la discusión pública se convierte en un espectáculo permanente de indignación. El conocimiento de los problemas no puede ser sustituido por la previsibilidad de las posiciones políticas, ni la capacidad de provocar reacciones debe prevalecer sobre la competencia para explicar los acontecimientos. Necesitamos analistas y tertulianos capaces de reconocer errores, incluso cuando los cometen aquellos con quienes comparten convicciones. Y ciudadanos dispuestos a escuchar argumentos que contradigan sus propias opiniones. El pensamiento crítico no consiste únicamente en cuestionar a los demás. Exige también la honestidad intelectual de cuestionar aquello en lo que creemos.
Una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que cada persona hace únicamente lo que desea, sino aquella en la que todos comprenden que la libertad exige responsabilidad, respeto y compromiso con el bien común. No podemos reclamar derechos e ignorar deberes, exigir integridad y disculpar la incoherencia, defender la justicia y aceptar que las normas se apliquen de forma diferente dependiendo de quién las cumple o quién las incumple. Mucho menos podemos esperar que las nuevas generaciones reconozcan el valor del esfuerzo y de la competencia cuando quienes ocupan posiciones de liderazgo no siempre son capaces de demostrarlo con su ejemplo. El futuro no depende únicamente de las decisiones de los gobernantes, de los recursos disponibles o de las promesas que se renuevan en cada elección. Depende igualmente de lo que estemos dispuestos a exigirnos a nosotros mismos y del valor necesario para no aceptar la mediocridad como algo inevitable. El verdadero peligro no reside en la exigencia que nos hace crecer, ni en la obediencia a las normas legítimas que protegen la libertad de todos. Aparece cuando dejamos de reconocer el valor de ambas y empezamos a considerar normal aquello que debería preocuparnos profundamente. ¿Y si la obediencia y la exigencia, hoy tan a menudo interpretadas como una ofensa, fueran precisamente dos de las condiciones indispensables para que las próximas generaciones puedan seguir construyendo su futuro?
