El ciudadano no necesita saber qué administración tiene la competencia. Necesita que alguien resuelva el problema. Y cuando eso no ocurre, comienza el verdadero fracaso de la política.
- El ciudadano no vota competencias, vota resultados
- Tres administraciones, tres discursos y una misma factura
- Galicia no es solo una cuestión de millones
- La responsabilidad también empieza dentro de cada Ayuntamiento
- Menos administraciones enfrentadas y más ciudadanos atendidos
- La pregunta que nadie debería poder esquivar
Hay una escena que se repite con demasiada frecuencia en la vida pública gallega. Un ciudadano reclama un servicio, denuncia una deficiencia o exige una solución. El Ayuntamiento responde que la competencia corresponde a la Xunta. La Xunta recuerda que determinadas obligaciones son municipales. La Diputación ofrece colaboración, siempre que exista financiación. Y, mientras tanto, el problema sigue exactamente donde estaba.
Al final, el ciudadano descubre que vive en un territorio con numerosas administraciones, abundantes organismos públicos y una extensa arquitectura institucional, pero en el que encontrar un responsable puede resultar bastante más complicado que encontrar una solución.
La reciente advertencia del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, sobre las dificultades financieras de los 93 ayuntamientos de la provincia vuelve a poner de manifiesto una enfermedad bastante más profunda que un simple problema presupuestario: la descoordinación institucional y la permanente tentación de trasladar responsabilidades.
Formoso ha llegado a advertir en el Parlamento gallego de que los municipios están «al borde del crack financiero», señalando el incremento de los costes de servicios como la recogida de residuos, la depuración de aguas, el suministro energético y la ayuda a domicilio.
No se trata de cuestiones menores. Son precisamente algunos de los servicios que determinan la calidad de vida de los ciudadanos.
Pero el debate no debería quedarse en las declaraciones de un presidente provincial ni convertirse en otro capítulo del enfrentamiento entre el PSOE y el Partido Popular.
La cuestión es mucho más incómoda: ¿hemos construido un modelo de administración pública en el que resulta más sencillo discutir quién debe pagar que garantizar que el servicio se preste?
El ciudadano no vota competencias, vota resultados
Para un vecino de cualquier municipio gallego, la organización administrativa tiene una importancia bastante relativa cuando se enfrenta a un problema.
A quien tiene una farola apagada le importa poco que el alumbrado dependa de una administración o de otra. A una persona mayor que necesita ayuda a domicilio no le resuelve nada que la Xunta y el Ayuntamiento discrepen sobre quién debe financiar el servicio. Y a una familia que reclama una infraestructura pendiente no le sirve que tres instituciones se intercambien escritos mientras el proyecto continúa durmiendo en algún despacho.
La administración pública existe para servir al ciudadano, no para convertirlo en especialista en distribución de competencias.
Sin embargo, hemos normalizado una práctica preocupante: cuando algo funciona, aparecen rápidamente los responsables de la fotografía; cuando algo falla, comienza la búsqueda de la administración culpable.
Es una forma de hacer política extraordinariamente rentable para los partidos y bastante menos útil para la sociedad.
Tres administraciones, tres discursos y una misma factura
El debate abierto por Formoso permite observar esta situación con bastante claridad.
La Diputación de A Coruña presenta para 2027 un presupuesto de 293,93 millones de euros, un 14,6 % superior al del ejercicio anterior. Su presidente reivindica el esfuerzo provincial para apoyar a los municipios y denuncia que la Xunta no financia suficientemente determinadas obligaciones que terminan soportando los ayuntamientos.
La Xunta, por su parte, anuncia 203 millones de euros para el Fondo de Cooperación Local en 2027, frente a los 187 millones del ejercicio anterior. De esa cantidad, 170 millones corresponden a financiación incondicionada. También plantea garantizar un mínimo anual de 100.000 euros para cada municipio y modificar los criterios de reparto atendiendo a cuestiones como el envejecimiento y la dispersión territorial.
El Partido Popular cuestiona las contradicciones del discurso de Formoso y defiende el incremento de los recursos autonómicos.
El BNG reclama una redefinición de la financiación municipal y denuncia que los ayuntamientos asumen competencias sin recibir una compensación económica adecuada.
Todos tienen algo que decir. Y probablemente todos tienen alguna parte de razón.
Pero hay una cuestión que ninguno debería poder esquivar: ¿cuánto cuesta realmente mantener los servicios públicos que reciben los ciudadanos y qué administración debe garantizar su financiación?
Porque presentar presupuestos históricos no demuestra automáticamente que exista una buena gestión. Tener las cuentas saneadas tampoco significa que todos los recursos estén bien distribuidos. Y reclamar más financiación no exime a los gobiernos municipales de explicar cómo administran el dinero que ya reciben.
La política no puede convertirse en una competición para determinar quién tiene la mejor nota de prensa.
Galicia no es solo una cuestión de millones
Existe, además, una realidad territorial que hace especialmente delicado este debate.
Galicia tiene 313 municipios, con diferencias enormes en población, extensión, dispersión geográfica y envejecimiento.
No cuesta lo mismo prestar servicios en un municipio concentrado que en otro con numerosos núcleos rurales separados por kilómetros de carreteras. Tampoco tiene las mismas necesidades un ayuntamiento con una población joven que otro en el que buena parte de sus vecinos son personas mayores que necesitan atención y servicios de proximidad.
Por eso, repartir dinero exclusivamente atendiendo a criterios demográficos sería tan injusto como repartirlo sin ningún criterio objetivo.
La financiación municipal debe responder al coste real de los servicios y a las necesidades de cada territorio. Y eso exige información, planificación y una evaluación rigurosa que vaya más allá de los anuncios presupuestarios.
La nueva Ley de Administración Local de Galicia puede representar una oportunidad para avanzar en esa dirección. Pero una ley, por sí sola, tampoco garantiza que las cosas funcionen mejor.
Lo importante será comprobar si el nuevo modelo aclara las responsabilidades, garantiza los recursos y establece mecanismos para exigir resultados.
Porque Galicia no necesita otra reforma administrativa que termine añadiendo procedimientos, organismos y documentos sin resolver los problemas que justificaron su aprobación.
Necesita que las reformas se noten en la calle.
La responsabilidad también empieza dentro de cada Ayuntamiento
Ahora bien, sería un error convertir la falta de financiación en una explicación universal de todos los problemas municipales.
Hay ayuntamientos que necesitan más recursos, pero también los hay que necesitan mejorar su gestión.
La planificación deficiente, las prioridades equivocadas, las inversiones que se eternizan, los contratos mal gestionados y la falta de seguimiento de los compromisos políticos no desaparecen por recibir más dinero.
Un alcalde no puede atribuir permanentemente a la Xunta o a la Diputación todo aquello que no consigue resolver. Del mismo modo, la Xunta no puede refugiarse en el argumento de que determinadas competencias corresponden a los municipios mientras estos carecen de los recursos necesarios para ejercerlas.
La responsabilidad debe funcionar en todas las direcciones.
Quien tiene que financiar, debe financiar. Quien tiene que gestionar, debe gestionar. Y quien no cumple debe explicar por qué.
No debería ser tan difícil.
Menos administraciones enfrentadas y más ciudadanos atendidos
El verdadero problema de Galicia no es que existan distintas administraciones. La autonomía, las diputaciones y los ayuntamientos tienen sentido cuando permiten acercar las decisiones a los ciudadanos y prestar mejores servicios.
El problema aparece cuando la estructura institucional deja de ser una herramienta para convertirse en un mecanismo de defensa política.
Necesitamos una financiación municipal estable y suficiente, pero también una delimitación clara de competencias, convenios transparentes, evaluación del gasto y mecanismos de cooperación que no dependan de la afinidad política entre quienes gobiernan las distintas instituciones.
Y necesitamos algo que parece haberse convertido en una rareza: que los responsables públicos sean capaces de sentarse a resolver un problema sin preguntarse primero quién se llevará el mérito.
La ciudadanía no necesita que el presidente de la Diputación gane una discusión al presidente de la Xunta. Tampoco necesita que un partido consiga demostrar que el otro gestiona peor.
Necesita que la basura se recoja, que las carreteras se mantengan, que los servicios sociales funcionen y que las personas dependientes reciban la atención que necesitan.
Lo demás es ruido institucional.
La pregunta que nadie debería poder esquivar
Quizá haya llegado el momento de cambiar la pregunta que preside buena parte del debate político gallego.
En lugar de preguntar qué administración tiene la competencia, deberíamos empezar preguntando quién garantiza que el ciudadano reciba el servicio.
Y después, naturalmente, determinar quién lo financia, quién lo gestiona y quién responde cuando no funciona.
Porque la política no puede consistir en construir un laberinto administrativo en el que cada institución tenga una puerta de salida y el ciudadano sea el único que no encuentre la puerta de entrada.
Hay una diferencia enorme entre gobernar y administrar excusas.
Galicia necesita instituciones que colaboren, responsables públicos que asuman decisiones y administraciones que midan su éxito por los resultados, no por el número de anuncios que consiguen colocar en los medios.
Porque cuando todos tienen competencias, todos reclaman méritos y todos encuentran razones para no asumir responsabilidades, hay algo que termina quedando meridianamente claro: el sistema puede seguir funcionando para las instituciones, pero ha dejado de funcionar como debería para los ciudadanos.
