@jsuarez02111977
Son las tres de la mañana. No duermes. El pecho aprieta. Dentro de unas horas tienes que trabajar, cuidar de tus hijos, aparentar que puedes con todo. Pero no puedes. Necesitas un médico. Necesitas un psiquiatra. Y entonces descubres que pedir ayuda también puede significar hacer cuentas.
Intentas conseguir cita en la sanidad pública. Cuando la respuesta es una espera que no puedes soportar, buscas una consulta privada. Y aparecen los precios: 250 euros por una hora. O 150 euros por veinte minutos. Miras lo que tienes en el banco y empiezas a elegir entre tu salud mental y los gastos de casa.
¿Qué hace una persona que necesita varias consultas? ¿Qué hace un pensionista? ¿Qué hace una madre que sostiene sola a su familia? ¿Qué hace quien apenas llega al día veinte? El sufrimiento ya le estaba quitando el sueño. Ahora la factura le quita la posibilidad de recibir ayuda.
Un psiquiatra es un médico. Y precisamente por eso debemos exigirle una responsabilidad que va más allá de fijar una tarifa. Delante tiene a una persona vulnerable, alguien que quizá ha tardado meses en reunir fuerzas para sentarse en esa consulta y decir: «Estoy mal».
Por supuesto que ese médico tiene derecho a cobrar. Su preparación y su responsabilidad merecen una remuneración digna. Pero cobrar por un trabajo no impide discutir cuánto se cobra. Y ante determinadas tarifas hay que preguntar, sin miedo: ¿qué justifica ese precio y cuántos pacientes quedan fuera?
No todas las consultas son iguales. Tampoco todos los psiquiatras cobran esas cantidades. Pero ninguna de esas precisiones debería servir para esconder el problema: hay precios que convierten un tratamiento continuado en un privilegio. Y una profesión médica debe poder escuchar esa crítica sin refugiarse en su prestigio.
Porque el paciente no negocia desde una posición cómoda. Está agotado, asustado, necesita confiar. Quizá pide dinero a su familia. Quizá recorta la compra. Quizá cancela la siguiente visita porque le avergüenza reconocer que no puede pagarla. Esa desigualdad obliga al médico a preguntarse por los límites éticos de su beneficio.
La Administración tampoco puede mirar hacia otro lado. Una sanidad pública que deja esperando a quien necesita atención empuja hacia la privada a personas que no pueden costearla. Hay que exigir profesionales suficientes, condiciones para retenerlos y una gestión que responda. Cada demora tiene consecuencias dentro de una casa.
Y debemos discutir qué ocurre cuando trabajar en la pública pierde atractivo frente a una consulta privada con tarifas elevadas. No podemos dejar que la necesidad colectiva pierda siempre frente a la rentabilidad individual.
Hablar de salud mental queda muy bien en una campaña. Garantizar que alguien pueda acudir al psiquiatra sin endeudarse exige decisiones y responsabilidades.
A los gobernantes hay que exigirles atención. A los médicos, compromiso y transparencia. Y a todos, dejar de normalizar que una persona tenga que calcular cuánto sufrimiento puede permitirse tratar.
Porque detrás de esos 150 euros hay veinte minutos de consulta. Pero detrás de quien los paga hay una vida entera intentando no venirse abajo.
