La libertad es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Se ha conquistado a lo largo de generaciones, muchas veces a costa de enormes sacrificios, y representa mucho más que la posibilidad de expresar libremente nuestras opiniones. Representa también el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones, sin tener que someterse a las convicciones o a la voluntad de los demás. Sin embargo, los acontecimientos registrados durante la reciente huelga general en España nos obligan a reflexionar sobre la forma en que algunos ciudadanos parecen entender este principio. Las imágenes difundidas, algunas de ellas profundamente perturbadoras, mostraron episodios de intimidación, destrozos en establecimientos comerciales, bloqueos de accesos y enfrentamientos que difícilmente pueden conciliarse con los valores de una sociedad libre. Resulta especialmente contradictorio presenciar comportamientos que, en nombre de la defensa de derechos fundamentales, pretenden privar a otras personas de la posibilidad de ejercer precisamente esos mismos derechos. La huelga constituye una conquista social que debe ser respetada y protegida, pero la legitimidad de una reivindicación no otorga a nadie autoridad para determinar cómo deben actuar los demás ciudadanos. Cuando alguien considera aceptable amenazar o intimidar a otra persona por no compartir una determinada postura, deja de limitarse a defender una causa y empieza a poner en cuestión los principios democráticos que afirma representar.
El derecho a la huelga es incuestionable, pero también lo es el derecho a no secundarla. Hay trabajadores que están de acuerdo con las reivindicaciones y deciden participar, otros que no comparten las mismas posiciones y también quienes, por razones económicas, profesionales o personales, optan por seguir desempeñando sus funciones. Ninguna de estas decisiones debería requerir justificaciones ante terceros, y mucho menos verse condicionada por amenazas o actos de violencia. Esta realidad adquiere especial importancia cuando observamos los comportamientos dirigidos contra pequeños comerciantes y empresarios, muchos de ellos responsables de negocios construidos a lo largo de años de trabajo, inversión y sacrificio. Una cafetería, una pequeña tienda de alimentación, una panadería o un taller representan con frecuencia el sustento de una familia, puestos de trabajo que es necesario preservar y obligaciones económicas que no desaparecen por el hecho de que se convoque una huelga. Para muchos de estos empresarios, mantener las puertas abiertas no significa restar importancia a los derechos de los trabajadores, sino simplemente tratar de garantizar la continuidad de su actividad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Por eso resulta profundamente contradictorio que, en nombre de la defensa de los trabajadores y de una sociedad más justa, se intimide precisamente a quienes también dependen de su trabajo para salir adelante. Destrozar un escaparate o amenazar a un comerciante no mejora los salarios, no resuelve los problemas sociales ni contribuye a ninguna conquista laboral. Únicamente provoca pérdidas, inseguridad y dificultades adicionales a personas que, en la mayoría de los casos, nada tienen que ver con los motivos de la huelga. El mismo principio debe aplicarse al acceso a empresas, centros educativos y otros espacios donde los ciudadanos necesitan desarrollar su actividad. Es natural que una huelga provoque alteraciones en el funcionamiento de los servicios, pero existe una diferencia fundamental entre aceptar las consecuencias legítimas de un paro y permitir que alguien impida deliberadamente, mediante la intimidación o la fuerza, que otros ejerzan sus derechos.
Entre los episodios difundidos durante la huelga, hubo uno que me causó especial indignación. En una cafetería de Barcelona, un hombre mayor se encontraba tranquilamente sentado desayunando cuando fue increpado por unos manifestantes que generaron una situación de intimidación, hasta el punto de que acabó abandonando el establecimiento ayudándose de un andador. No estaba provocando a nadie, no estaba cuestionando ninguna reivindicación y mucho menos representaba una amenaza para los derechos de quienes participaban en la manifestación. Simplemente estaba ejerciendo una de las libertades más elementales de cualquier ciudadano, la de poder estar en un espacio público sin ser molestado. Resulta difícil comprender que alguien que afirma luchar por la dignidad de las personas pueda considerar aceptable humillar a un ser humano en semejantes circunstancias. ¿Qué sentido de la justicia puede haber detrás de un comportamiento de esta naturaleza? ¿Qué solidaridad se pretende construir cuando se demuestra tan poco respeto por los demás? La gravedad de estos comportamientos no se mide únicamente por los daños materiales, sino también por el miedo y la humillación que provocan, especialmente cuando afectan a personas que no han hecho nada que justifique semejante trato. La presencia de grupos encapuchados en algunos episodios de vandalismo y enfrentamientos plantea igualmente preocupaciones que no deberían ignorarse. Aunque ocultar el rostro no permite, por sí solo, presumir intenciones delictivas, cuando esta circunstancia aparece asociada a amenazas, agresiones o destrozos resulta legítimo preguntarse si no se está utilizando para dificultar la identificación de los responsables. Considero que los gobiernos deberían evaluar rigurosamente la eficacia de los mecanismos legales existentes, garantizando que la libertad de manifestación no se convierta en un espacio de impunidad. La protección de un derecho constitucional no puede significar tolerancia ante comportamientos que atentan contra la libertad, la seguridad y el patrimonio de los demás ciudadanos.
Sería profundamente injusto confundir a los responsables de estos acontecimientos con los miles de trabajadores que participaron pacíficamente en la huelga, ejerciendo legítimamente un derecho que constituye una de las conquistas fundamentales de las sociedades democráticas. Las reivindicaciones sociales y laborales merecen ser escuchadas y debatidas, independientemente del grado de acuerdo que puedan suscitar, y los comportamientos de una minoría no deben servir para desacreditar al conjunto de los participantes. Sin embargo, reconocer esta distinción no significa minimizar la gravedad de los actos cometidos ni aceptar que el hecho de producirse durante una manifestación pueda servir para justificarlos. Existe, además, un riesgo que merece especial atención cuando los episodios de violencia y vandalismo empiezan a asociarse al ejercicio de derechos fundamentales. La repetición de estos comportamientos puede contribuir a generar un clima de desconfianza social y alimentar discursos favorables a la restricción de libertades que han tardado generaciones en conquistarse. Sería profundamente preocupante que los abusos cometidos por algunos acabaran sirviendo de argumento para debilitar el derecho a la huelga, pero resultaría igualmente inaceptable que el temor a esa posibilidad condujera a que quienes amenazan, agreden o destruyen bienes ajenos no tuvieran que responder por sus actos. La respuesta de un Estado democrático no puede consistir en restringir indiscriminadamente los derechos ni en tolerar comportamientos ilícitos. Debe basarse en la aplicación efectiva de la ley, la protección de todos los ciudadanos y la responsabilidad individual de quienes sobrepasan los límites legalmente establecidos. También las organizaciones que promueven y acompañan movimientos de protesta tienen una responsabilidad importante a la hora de fomentar una cultura de respeto y rechazar inequívocamente las prácticas violentas. Una reivindicación puede tener fundamentos plenamente legítimos, pero pierde parte de su credibilidad cuando quienes la defienden toleran comportamientos contrarios a los valores que afirman proteger. Cuando se pierde esta distinción, las consecuencias no recaen únicamente sobre las víctimas de los actos cometidos. También se debilita la propia confianza en las instituciones, en los mecanismos de participación ciudadana y en la convivencia democrática.
Hay, sin embargo, una dimensión de estos acontecimientos que va más allá de la responsabilidad de las instituciones y merece una reflexión todavía más profunda. Me refiero a la facilidad con la que, en determinadas circunstancias, el pensamiento individual cede ante el comportamiento colectivo, llevando a algunas personas a reproducir actitudes que, si estuvieran solas, posiblemente nunca considerarían aceptables. Identificarse con una causa, pertenecer a un grupo o estar convencido de encontrarse en el lado correcto no exime a nadie de informarse, cuestionar lo que se le presenta y valorar conscientemente las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, asistimos con demasiada frecuencia a situaciones en las que la opinión de los demás sustituye al pensamiento crítico, la presión colectiva condiciona el criterio individual y el temor a llevar la contraria a la mayoría acaba pesando más que la propia conciencia. Esta es una de las dimensiones más inquietantes de los acontecimientos que hemos presenciado, porque no todos los comportamientos violentos responden necesariamente a una intención previamente asumida por cada participante. Algunos pueden surgir en entornos donde la presión del grupo favorece la normalización progresiva de actitudes que, en otras circunstancias, serían inmediatamente rechazadas. El verdadero peligro aparece cuando alguien deja de cuestionar sus propios actos y empieza a considerar aceptable un determinado comportamiento simplemente porque los demás también lo hacen. Pero la responsabilidad no se diluye entre el número de participantes, ni la conciencia individual puede trasladarse a quienes caminan delante de nosotros. Existe una diferencia fundamental entre participar en una causa por convicción y adoptar determinados comportamientos simplemente porque los demás miembros del grupo también lo hacen. Lo primero exige reflexión, autonomía y capacidad de decisión. Lo segundo puede suponer una preocupante renuncia a esas mismas cualidades. Es precisamente esta una de las reflexiones más importantes que nos dejan los acontecimientos de España, no tanto por lo que hicieron algunas personas, sino, sobre todo, por la facilidad con la que dejaron de cuestionar sus propios comportamientos. Porque la solidez de una democracia no depende exclusivamente de sus leyes o instituciones, sino también de la madurez cívica de quienes participan en ella y de la capacidad de cada ciudadano para asumir sus decisiones sin refugiarse en la voluntad colectiva. Una sociedad en la que las personas dejan de pensar por sí mismas y empiezan a reproducir, sin cuestionarlos, los comportamientos de aquellos con quienes se identifican se vuelve especialmente vulnerable a la intolerancia y a la manipulación. Resulta difícil comprender cómo alguien puede salir a la calle para defender la libertad y, al mismo tiempo, renunciar a su propia capacidad de pensar y decidir, limitándose a seguir comportamientos que contradicen los principios que afirma defender. Cuando la necesidad de pertenecer a un grupo se impone a la conciencia individual y a la responsabilidad por los propios actos, la libertad que tanto se reivindica empieza a perder su verdadero significado.
