Hay una forma de perder la libertad sin que nadie nos quite el derecho a votar: convencernos de que no tenemos elección. Podemos estar decepcionados, reconocer los incumplimientos, rechazar determinadas decisiones y sentir vergüenza ante las explicaciones de quienes gobiernan, pero, cuando llega la urna, volvemos a entregarles nuestra confianza porque nos han enseñado a temer más al adversario que a exigir responsabilidades a los nuestros. Entonces el voto deja de ser un instrumento de control y se convierte en un salvoconducto para el poder. Hagas lo que hagas, tendrás mi apoyo. Difícil imaginar un regalo más peligroso para un gobernante.
El próximo 29 de noviembre deberíamos preguntarnos cuánto de nuestra decisión nace de lo que queremos para España y cuánto del miedo que otros han cultivado para conservar sus cargos. Porque una democracia necesita ciudadanos capaces de retirar la confianza. Si un presidente descubre que sus votantes tolerarán cualquier contradicción con tal de impedir que gobierne la derecha, encuentra una coartada que sirve para todo. Ya no necesita responder de cada decisión: le basta con recordar quién podría ocupar su sitio.
Me contaba un empresario autónomo que siempre había votado a la izquierda, aunque reconocía que con gobiernos de derechas le había ido mejor. Su experiencia no demuestra que todos los gobiernos de derechas sean mejores, pero su explicación merece una pausa. Se puede votar contra el propio beneficio por solidaridad, por convicciones o porque se considera más importante el bienestar colectivo. Eso es respetable. La incongruencia aparece cuando alguien considera que una gestión perjudica su negocio, su vida y el rumbo del país, pero la sigue respaldando porque siente que cambiar de papeleta sería traicionar su identidad. En ese momento conviene preguntarse a qué se está siendo fiel: a unos valores o a una costumbre.
Ser de izquierdas no obliga a sostener a Pedro Sánchez. Ninguna tradición política digna puede reducirse a la permanencia de una persona. La igualdad, la justicia social, la solidaridad y la defensa de los servicios públicos merecen algo mejor que convertirse en argumentos para blindar a un dirigente frente al juicio de sus propios votantes. Quien ha creído en esos valores tiene derecho a exigir que se respeten, también dentro de su partido. Sobre todo dentro de su partido. La honradez que reclamamos al adversario pierde todo su sentido cuando dejamos de exigirla en casa.
Julio Anguita lo expresó con una dureza que sigue siendo necesaria: «Votad al honrado, al ladrón no lo votéis, aunque tenga la hoz y el martillo». Años después rechazó que aquella frase se utilizara como un aval a la extrema derecha. Su advertencia contra la indulgencia con los propios merece conservarse: compartir unas siglas jamás debería servir para disculpar la falta de honradez. Un carné no limpia una conducta. Nuestra exigencia ética debe empezar por aquellos a quienes entregamos el voto, porque de poco sirve denunciar la corrupción del adversario si después ofrecemos refugio a la de nuestro partido.
La amnistía permite ilustrar el problema de la confianza sin necesidad de recurrir a insultos. Sánchez pasó de rechazarla a defenderla después de las elecciones de 2023. Cuando se le preguntó por ese cambio, señaló lo ocurrido el 23 de julio; después, la amnistía se convirtió en ley. Se puede defender la medida por razones de convivencia y también cuestionarla por razones políticas. Pero ninguna defensa debería borrar la pregunta que queda ante el ciudadano: ¿qué valor tiene una posición anunciada antes de votar si después puede invertirse para alcanzar un acuerdo de investidura? Mi reproche es político: considero inaceptable que un compromiso tan relevante resulte subordinado a las necesidades de conservar el Gobierno.
La política exige negociar. Nadie con un mínimo de sentido democrático puede reclamar acuerdos parlamentarios y condenar cualquier concesión. Pero negociar también exige explicar los límites, reconocer las renuncias y asumir el coste de las contradicciones. Lo contrario convierte al elector en alguien a quien se solicita confianza antes de las elecciones y comprensión ilimitada después. El ciudadano cumple su parte al votar; el dirigente se reserva el derecho a reinterpretar la suya. Esa relación necesita una corrección, y la urna existe para hacerla posible.
Frente a ese juicio aparece el argumento de siempre: cuidado con los que vienen. En su anuncio de estas elecciones, Sánchez volvió a presentar la alternativa como una coalición que recortaría derechos y libertades. Es legítimo discutir los riesgos de cualquier gobierno futuro. Lo que rechazo es que esa advertencia pretenda cerrar el examen del gobierno presente. El miedo al adversario no puede funcionar como una amnistía electoral para quien pide continuar.
Pensiones, salarios, sanidad, educación, inmigración y libertades merecen debates serios. Si alguien sostiene que una candidatura amenaza esos bienes, debe señalar qué propone, qué antecedentes tiene y qué consecuencias cabe esperar. El elector merece pruebas, programas y explicaciones. Una amenaza repetida en un mitin sigue necesitando fundamento. Tampoco basta con negarla desde el otro lado: quien aspire a gobernar deberá explicar cómo protegerá esos derechos y cómo pagará sus promesas. España necesita salir de esa discusión infantil en la que cada bloque se proclama dueño del bienestar y presenta al otro como su verdugo.
También conviene mirar más allá de la sigla que figura en la papeleta. En un sistema parlamentario, los apoyos y las abstenciones deciden quién puede ser investido. Por eso debemos preguntar a cada candidatura a quién está dispuesta a sostener y a cambio de qué. Una papeleta distinta del PSOE puede contribuir a mantener a Sánchez, del mismo modo que una papeleta distinta del PP puede facilitar un gobierno de Feijóo. Las diferencias entre partidos existen, pero sus consecuencias parlamentarias también. Votar exige mirar ambas cosas.
Mi posición es clara: creo que es necesario que Pedro Sánchez deje de presidir el Gobierno. España necesita recuperar algo tan elemental como que incumplir compromisos tenga un coste y que la confianza de los ciudadanos imponga límites. Pero ese relevo también puede ser necesario para el propio socialismo. Quizá algunos de sus votantes deban retirar el apoyo a las candidaturas dispuestas a mantener a Sánchez para que el PSOE se vea obligado a renovarse. Una derrota electoral puede abrir esa puerta. La fidelidad incondicional puede mantenerla cerrada durante años.
Quienes desean que el PSOE tenga futuro deberían preguntarse cuánto están dispuestos a sacrificar para prolongar el presente de su secretario general. Un partido que aspira a transformar la sociedad debe ser capaz de cambiar de líder. Cuando identifica su supervivencia con la de una sola persona, empieza a perder su razón de ser. Quizá el voto más comprometido con el futuro del socialismo sea hoy el que obligue a Sánchez a dejar paso. Porque salvar a un dirigente a cualquier precio puede acabar costándole al partido aquello que merecía la pena defender.
Feijóo y quienes puedan apoyarlo deberán responder de sus propuestas, sus acuerdos y sus resultados. No merecen un cheque en blanco. Precisamente por eso resulta necesario recuperar la capacidad de cambiar: para que ninguno pueda contar con nosotros haga lo que haga. Una alternancia no garantiza un buen gobierno, pero la certeza de que jamás perderán nuestro voto elimina uno de los principales incentivos para merecerlo.
Podemos seguir justificando cada contradicción, rebajando nuestras exigencias y aceptando que siempre habrá una razón superior para aplazar las responsabilidades. Podemos repetir que ahora no toca, que el adversario es peor, que primero hay que impedir que llegue la derecha. Pero algún día tendremos que reconocer qué estamos autorizando con esa paciencia sin límite. Un gobernante al que nunca retiraremos el apoyo ya no necesita convencernos de que cumple: necesita mantener vivo nuestro miedo.
España no le debe el poder a nadie. Tampoco a Pedro Sánchez. El 29 de noviembre tenemos derecho a exigir un cambio sin pedir perdón por ello y sin renunciar a lo que creemos. La papeleta es nuestra, aunque lleve el nombre de un partido. Recuperarla empieza por recordar que podemos negársela.
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