La reforma del Servicio Universal de Telecomunicaciones obliga a las grandes operadoras a ofrecer descuentos sociales, eleva la velocidad mínima de conexión a 100 Mbps y pone fin a la adjudicación exclusiva a Telefónica.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el decreto que modifica el reglamento del Servicio Universal de Telecomunicaciones, la normativa destinada a garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso básico a telefonía fija e internet. La principal novedad de la reforma es la ampliación de los llamados abonos sociales: a partir de ahora, todas las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) tendrán derecho a solicitar tarifas con descuento, superando el límite anterior que restringía esta ayuda a rentas inferiores a 1,2 veces el IPREM (720 euros mensuales).
Descuentos obligatorios del 25% en las grandes operadoras
Con la entrada en vigor de esta medida, las principales compañías de telecomunicaciones estarán obligadas a comercializar una tarifa especial dirigida a los perceptores del IMV que sea, como mínimo, un 25% inferior al precio medio del mercado.
El calendario de implantación fijado por el Gobierno establece los siguientes plazos:
- Fijación de precios: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispondrá de un plazo máximo de seis meses para determinar el precio medio de mercado sobre el que se calculará la rebaja.
- Oferta comercial: Una vez fijado ese umbral, las operadoras tendrán un mes para comunicar las tarifas sociales que pondrán a disposición de los usuarios.
- Supervisión y transparencia: La CNMC evaluará qué compañías cumplen con la normativa, exigirá su aplicación a las que no lo hagan y obligará a todas las empresas afectadas a publicitar estas tarifas en un lugar visible de sus páginas web.
De este modo, los beneficiarios del IMV podrán solicitar este descuento a cualquier gran operadora que preste servicio en su zona y no únicamente a Telefónica, compañía que hasta ahora gestionaba en exclusiva el abono social y que deberá mantener igualmente las condiciones a sus actuales beneficiarios.
Fin del contrato con Telefónica y velocidad mínima de 100 Mbps
La segunda gran pata de la reforma elimina la adjudicación pública mediante la cual Telefónica garantizaba la llegada de teléfono fijo e internet a todos los rincones del país. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública considera que la conectividad ya está universalizada en España y que no resulta necesario subvencionar a una operadora para cubrir zonas sin servicio. En consecuencia, Telefónica dejará de ser la prestadora designada de este servicio en un plazo de tres meses.
Asimismo, el decreto actualiza los estándares técnicos y de accesibilidad del Servicio Universal:
- Más velocidad: Se multiplica por diez la velocidad mínima garantizada de acceso a internet, pasando de los 10 Mbps actuales a 100 Mbps.
- Accesibilidad: Se incorporan mejoras específicas para personas con discapacidad, especialmente auditiva,, incluyendo la implantación de sistemas de Texto en Tiempo Real (RTT) para facilitar la comunicación.
Fuente CIVIO.