Ha trascendido que, a pesar de que el Comité de Acoso municipal determinó oficialmente la existencia de acoso laboral en un centro dependiente del Consejo, han transcurrido tres años sin que se haya aplicado ni una sola de las medidas correctoras solicitadas con urgencia.
La inacción del Gobierno Municipal ha dejado a las trabajadoras víctimas en una situación de absoluto desamparo, mientras la persona identificada como acosadora continúa trabajando con total normalidad en el mismo centro
El Comité de Acoso emitió su resolución con recomendaciones claras y solicitó medidas concretas y actuaciones urgentes para abordar la grave situación. Sin embargo, el Concello de Lugo ha incurrido en un flagrante incumplimiento, permitiendo que el acoso se cronifique.
Las consecuencias directas de esta omisión son devastadoras:
- Impacto en las Víctimas: Las trabajadoras continúan padeciendo graves síntomas como ansiedad, miedo y baja autoestima, con una profunda sensación de desamparo institucional.
- Impacto Familiar: El acoso ha trascendido el entorno laboral, afectando seriamente a las familias, hijos y parejas de las víctimas, que también sufren las consecuencias emocionales de la situación.
- Injusticia Laboral: La persona acosadora continúa contratada y ejerciendo sus funciones en el mismo lugar que sus víctimas, lo que perpetúa el clima de hostilidad.
La crítica se extiende a varios departamentos clave del Concello que tenían la obligación de actuar y proteger a las empleadas, pero han optado por la inactividad. Se señala directamente la falta de actuación del:
- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
- Servicio de Personal.
- Servicio de Educación.
Estos servicios, pese a conocer los hechos y la resolución oficial del Comité, han incumplido su deber de aplicar medidas correctoras y velar por la salud laboral de las trabajadoras.
La situación destapa una profunda crítica a la gestión del gobierno local, al que se acusa de hipocresía y de establecer una distinción entre ciudadanos. El gobierno municipal actúa con celeridad solo cuando los problemas afectan a personas con cargos o afiliación política, pero ignora a los ciudadanos comunes,» denuncia la fuente. «En el Concello de Lugo existe una distinción entre ‘personas de primera y de segunda’, donde se protege la reputación de unos mientras se destruye la vida y la salud de otras.»
La nota de prensa concluye con una exigencia directa al gobierno local: es imperativo pasar de los discursos vacíos a la acción concreta para resolver de inmediato esta injusticia y aplicar las medidas correctoras urgentes que la salud y la seguridad de las trabajadoras demandan.
