Tras décadas de opacidad amparada en una ley de 1968, el Gobierno de España ha procedido a la desclasificación de más de 150 unidades documentales que arrojan luz sobre las sombras del 23 de febrero de 1981. Este movimiento, esperado por historiadores y ciudadanos, revela desde transcripciones de llamadas hasta informes de inteligencia que permiten reconstruir, con una precisión inédita, la fragilidad de la democracia española en aquellas horas críticas y las maniobras políticas que se tejieron en los despachos de Defensa e Interior.
El 23 de febrero de 1981 dejó de ser solo un recuerdo borroso en blanco y negro para convertirse en un expediente abierto. En febrero de 2026, coincidiendo con el 45.º aniversario de la asonada militar, el Consejo de Ministros autorizó la salida a la luz de documentos custodiados por los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores.
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Esta decisión no solo responde a una demanda histórica de transparencia, sino que busca cerrar las heridas abiertas por las teorías de la conspiración que han florecido durante casi medio siglo. Los documentos, ahora digitalizados y accesibles, ofrecen una radiografía del golpe desde múltiples ángulos: la vigilancia previa a los conspiradores, las comunicaciones militares durante la noche del asalto y la gestión política de las condenas posteriores.
El origen de la desclasificación
El proceso de apertura de estos archivos ha sido complejo. Durante años, la Ley de Secretos Oficiales de la era franquista sirvió de escudo para mantener bajo llave documentos que el Estado consideraba sensibles para la seguridad nacional. Sin embargo, el impulso por una nueva Ley de Información Clasificada y la presión parlamentaria finalmente forzaron la entrega de estas «153 unidades documentales». Entre ellas se encuentran informes del antiguo CESID (actual CNI), notas manuscritas de altos cargos y despachos diplomáticos que muestran cómo el mundo observaba con horror la posibilidad de que España regresara a una dictadura.
El papel de la Corona bajo el microscopio
Uno de los puntos más esperados era cualquier información relativa a la participación o el conocimiento previo del rey Juan Carlos I. Los documentos desclasificados refuerzan la tesis oficial del papel salvador de la Corona, pero también revelan las estrategias de los golpistas para intentar implicar al monarca. Según los informes del Ministerio del Interior, figuras como Milans del Bosch y Alfonso Armada intentaron de forma sistemática «contaminar» la imagen del Rey para presentarlo como el instigador en la sombra, con el objetivo de reducir su propia responsabilidad penal y dar una pátina de legitimidad al movimiento. Las notas internas confirman que la Casa Real actuó bajo una presión asfixiante, gestionando llamadas de capitanes generales que esperaban una señal que nunca llegó de forma positiva para sus intereses.
Las transcripciones de RTVE y el control del mensaje
Los archivos revelan detalles escalofriantes sobre lo que ocurría en las calles y en los centros estratégicos. Destacan las transcripciones de las conversaciones entre los militares que tomaron las instalaciones de Radiotelevisión Española (RTVE) en Prado del Rey. En uno de los documentos, se recoge la orden directa de «disparar a las piernas» si se producía cualquier intento de resistencia masiva o si la población civil intentaba cercar las instalaciones. Este dato subraya que el golpe, a pesar de su ejecución aparentemente incruenta en algunos puntos, tenía una planificación violenta preparada para el peor de los escenarios.
Un balance de víctimas que pudo ser trágico
Entre los documentos más impactantes se encuentra un informe de inteligencia que calculaba el coste humano de una posible resistencia armada contra el golpe. Los estrategas militares y de seguridad estimaban que, de haber triunfado inicialmente la rebelión y haberse producido un enfrentamiento entre unidades leales y golpistas, la cifra de muertos podría haber oscilado entre los 80 y los 110 en las primeras 48 horas. Este análisis de riesgos explica, en parte, la cautela extrema del Gobierno en funciones y la estrategia de desgaste psicológico que se aplicó sobre Tejero en el Congreso.
La sombra de la Operación Galaxia
La documentación desclasificada permite conectar los puntos entre el 23F y sus precedentes, especialmente la «Operación Galaxia» de 1978. Los informes de vigilancia muestran que el Estado tenía constancia de que Antonio Tejero y otros mandos no habían abandonado sus planes tras el fracaso de aquella primera conspiración. Se han encontrado notas de seguimiento que demuestran que, aunque estaban bajo sospecha, la descoordinación entre los servicios de información de la Guardia Civil y el Ejército permitió que los golpistas mantuvieran sus reuniones clandestinas bajo una apariencia de normalidad institucional.
El juicio y las sentencias benevolentes
Un apartado extenso de los archivos se dedica al proceso judicial posterior, conocido como el juicio de Campamento. Los documentos revelan la preocupación del Gobierno de la época por el «ruido de sables» que persistía durante las vistas. Existen notas procesales que sugieren que se buscó activamente un equilibrio para no humillar en exceso al estamento militar, lo que explicaría las sentencias inicialmente leves para muchos de los implicados. También se incluye el informe de la observadora Jane Walker, quien ya en su momento calificó las sentencias como «benévolas» y advertía de que el Estado estaba siendo demasiado cuidadoso para evitar un nuevo levantamiento.
La muerte de Tejero y el fin de una era
Como una ironía del destino, la desclasificación masiva de estos papeles coincidió prácticamente en el tiempo con el fallecimiento de Antonio Tejero Molina, el último gran protagonista vivo del asalto al Congreso. Su muerte, ocurrida el pasado 26 de febrero de 2026, cierra definitivamente el capítulo humano del golpe, dejando la interpretación de los hechos en manos de los historiadores y de estos nuevos documentos que, finalmente, dejan de ser secretos.
Foto portada: RTVE
