La aprobación en el Senado de una comisión de investigación sobre RTVE, impulsada por la mayoría absoluta del PP, ha nacido envuelta en acusaciones de «doble vara de medir». Mientras los populares ponen la lupa sobre la gestión financiera y editorial del ente público estatal, la oposición y diversos colectivos profesionales señalan la crisis de credibilidad que atraviesan los canales gestionados por el propio PP.
Los puntos críticos de la gestión autonómica:
- Galicia (TVG): El caso más flagrante es el de la televisión gallega, donde los trabajadores cumplen años en sus «venres negros» (viernes negros). Las denuncias por manipulación informativa han llegado incluso a los tribunales, con una plantilla que denuncia el uso de la cadena como herramienta de propaganda de la Xunta.
- Madrid (Telemadrid) y Andalucía (Canal Sur): En ambas comunidades, el patrón se repite: una caída progresiva de las audiencias y el cuestionamiento de su independencia. En el caso de Madrid, el cambio en la ley de designación de la dirección permitió al Gobierno de Ayuso un control más directo, lo que para muchos ha convertido a la cadena en un «coladero de gestores» afines al partido.
- El «adelgazamiento» de las audiencias: Mientras el PP critica los datos de TVE, los indicadores en sus feudos —especialmente en Sevilla y Madrid— muestran un desapego creciente del espectador, que castiga con el mando a distancia la falta de pluralidad denunciada por los sindicatos de periodistas.
La comisión en el Senado corre el riesgo de verse como un ataque partidista si no se aborda con la misma severidad la gestión en las comunidades autónomas. La «protesta más enérgica» que el PP exige para la televisión nacional contrasta, según los trabajadores del sector, con el silencio y la intervención en cadenas como la TVG, donde el índice de confianza no deja de menguar.
