UCIN Boito denuncia lo que considera un “abandono institucional intolerable” en la Escuela Infantil A Galiña Azul de O Saltiño, en Boiro, tras semanas —aseguran— sin que Xunta de Galicia ni Concello hayan actuado ante las denuncias registradas sobre el deterioro de las instalaciones.
La formación afirma que la situación del centro “supera cualquier límite razonable de seguridad y salubridad”, y acusa a las administraciones competentes de mantener una “pasividad escandalosa” mientras menores de entre 0 y 3 años continúan asistiendo diariamente a unas dependencias que califican de “auténtica trampa de riesgo”.
“Niños entre humedades, techos dañados y baños inservibles”
Según denuncia UCIN Galicia, entre las deficiencias detectadas figuran problemas graves de humedades y moho en aulas y techos, sanitarios deteriorados y fuera de servicio, elementos eléctricos expuestos y estructuras de seguridad infantil sujetas “de forma precaria e impropia de un centro educativo”.
La organización considera “inadmisible” que, transcurridos más de quince días desde las primeras alertas oficiales, “ninguna administración haya movilizado soluciones urgentes ni personal técnico suficiente”.
Desde UCIN Galicia critican especialmente “la desconexión absoluta entre la realidad que viven las familias y el discurso institucional”, señalando que “mientras se anuncian inversiones y proyectos de imagen, existen centros infantiles funcionando en condiciones impropias de una comunidad europea”.
Acusan a la Xunta de “silencio cómplice”
La formación también dirige sus críticas hacia la Consellería de Política Social, a la que responsabiliza de una “dejadez alarmante” ante un asunto que afecta directamente a la seguridad infantil.
“Lo más grave no es solo el deterioro visible, sino la falta total de reacción política. Parece que esperan a que ocurra una desgracia para actuar”, señalan desde la ejecutiva autonómica de UCIN Galicia.
Exigen actuaciones inmediatas
UCIN Galicia reclama la entrada urgente de operarios especializados, técnicos de seguridad y personal sanitario para evaluar el estado real de las instalaciones y ejecutar obras de emergencia de manera inmediata.
Asimismo, la formación exige transparencia institucional y garantías para las familias usuarias del centro. “La prioridad debe ser la seguridad de los menores, no la propaganda política ni el intercambio de responsabilidades entre administraciones”, concluyen.
