Hoy, 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, las y los socialistas volvemos a alzar la voz frente a todas las formas de odio, discriminación y violencia que sufren las personas LGTBI por razón de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar.
Lo hacemos en una fecha que recuerda que la homosexualidad dejó de ser considerada un trastorno mental por la OMS el 17 de mayo de 1990. Desde entonces, el movimiento LGTBI, las organizaciones sociales y los gobiernos comprometidos con la igualdad han demostrado que los derechos avanzan cuando la sociedad se organiza y la política responde.
Pero este 17 de mayo no puede ser solo una conmemoración. Tiene que ser una llamada a la acción. Porque el odio no es una opinión. El odio señala, persigue y agrede. Y frente al odio no basta con mirar hacia otro lado: frente al odio, justicia.
Justicia para las víctimas. Justicia para quienes han sufrido agresiones. Justicia para quienes no denuncian porque no confían en que se les crea o se les proteja. Justicia para quienes han sido empujados al silencio, al armario o al sexilio. Y justicia también para quienes han sufrido las mal llamadas terapias de conversión, que no son terapias: son prácticas de violencia, sufrimiento y negación de la dignidad humana.
Por eso, en este 2026, las y los socialistas queremos subrayar un avance fundamental: la tramitación de la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para reformar el Código Penal y penalizar las terapias de conversión dirigidas a eliminar, negar o modificar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género.
Con esta reforma, España dará un paso más en la protección efectiva de las personas LGTBI. Porque prohibir administrativamente estas prácticas fue necesario, pero no suficiente. Quien somete a una persona a métodos, programas, técnicas o procedimientos para reprimir, modificar, eliminar o negar quién es, no está ofreciendo ayuda: está ejerciendo violencia. Y un Estado democrático tiene la obligación de castigar a quienes practican esa violencia.
El informe Estado del odio 2026 de FELGTBI+ confirma que necesitamos respuestas urgentes. Más de la mitad de las personas LGTBI+ en España, un 54%, ha vivido un hecho de odio presencial o en línea durante el último año; un 22% ha sufrido agresiones, un 36% acoso y un 29% discriminación. No son solo cifras: son vidas atravesadas por el miedo, la humillación y la inseguridad en espacios cotidianos como la calle, el trabajo, el ocio, la familia o las redes
sociales, donde la LGTBIfobia se reproduce y amplifica, especialmente en el ámbito digital, donde un 44% de las personas LGTBI+ declara haber sufrido odio en los últimos cinco años.
Y sabemos por qué está creciendo. Porque los discursos de odio han encontrado altavoces políticos, mediáticos y digitales que normalizan la deshumanización. Porque la extrema derecha ha convertido la igualdad en una diana. Porque allí donde niegan nuestra existencia, después discuten nuestros derechos; y donde discuten nuestros derechos, después llegan los recortes, la censura, la violencia y el miedo.
La justicia también significa defender lo conquistado frente a quienes quieren recortarlo. En los últimos años hemos visto cómo los gobiernos del Partido Popular, en solitario o de la mano de Vox, han abierto una ofensiva contra los derechos LGTBI en distintas comunidades autónomas. Lo vimos en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno de España interpuso recursos de inconstitucionalidad contra los retrocesos aprobados por la mayoría absoluta de Ayuso, por modificar de forma regresiva la normativa trans y LGTBI autonómica.
Y lo hemos visto también en la Comunidad Valenciana, donde el Gobierno de España ha recurrido ante el Tribunal Constitucional las modificaciones impulsadas por PP y Vox a la ley trans valenciana. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso y ha suspendido varios de los preceptos impugnados, que afectaban a derechos consolidados y abrían la puerta a retrocesos inaceptables en materia de diversidad, educación y protección frente a las terapias de conversión.
Hay que decirlo con claridad: cuando el PP pacta con Vox, los derechos LGTBI quedan en riesgo. Y cuando el PP gobierna en solitario, como en Madrid, también ha demostrado que puede aplicar la agenda de la extrema derecha. Por eso continuamos denunciando los nuevos pactos con Vox, pero también la normalización de sus marcos por parte del Partido Popular: porque cada cesión, cada recorte y cada silencio abre la puerta a nuevos retrocesos en igualdad. Los derechos humanos no pueden depender de un pacto de investidura, de una negociación presupuestaria ni del cálculo electoral de quienes están dispuestos a convertir nuestra dignidad en moneda de cambio.
A nivel internacional, millones de personas LGTBI siguen viviendo perseguidas por ser quienes son. Según ILGA World, 64 Estados miembros de Naciones Unidas criminalizan todavía las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, y en 7 de ellos la pena de muerte está prevista legalmente.
En Europa, la reacción también existe. Durante los últimos años, Hungría se convirtió bajo el Gobierno de Viktor Orbán en el principal ejemplo de retroceso democrático y LGTBI dentro de la Unión Europea, con restricciones al reconocimiento de las personas trans, leyes de censura contra contenidos LGTBI y ataques a la libertad de reunión, incluida la prohibición del Orgullo y de otras manifestaciones LGTBI. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea contra la ley anti-LGTBI húngara aprobada durante la etapa de Orbán, confirma que la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación forman parte del corazón democrático de Europa.
Frente a esa ola reaccionaria, España debe seguir siendo un país de referencia. Según el Rainbow Map 2025 de ILGA-Europe, España se mantiene entre los países europeos con mayor desarrollo legal y político en materia de derechos LGTBI. En ese sentido, reivindicamos el legado socialista en la conquista de derechos LGTBI en España: el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, la Ley Zerolo, la Ley trans y LGTBI, entre otros avances.
Pero también miramos hacia adelante. El PSOE seguirá trabajando para aprobar la penalización de las terapias de conversión, reforzar la prevención de los delitos de odio, mejorar la atención a las víctimas, impulsar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del ámbito judicial, garantizar la educación en diversidad, proteger a las personas trans, combatir la LGTBIfobia en el trabajo y asegurar que ninguna comunidad autónoma pueda convertir los derechos LGTBI en moneda de cambio con la extrema derecha.
Este 17 de mayo, las y los socialistas reafirmamos una convicción profunda: el odio no puede quedar sin respuesta. Por eso defendemos una democracia que no solo reconozca derechos, sino que los proteja; que no solo condene la LGTBIfobia, sino que la combata con justicia.
