En el marco de la operación Anavia, el Equipo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de A Coruña, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Lugo, ha investigado a tres personas como presuntas responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores. Los hechos se produjeron tras una inspección en una explotación agrícola al oeste de Lugo, donde se detectaron 82 inmigrantes en situación irregular.
La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la presencia de un centenar de personas de origen africano alojadas en un antiguo hotel de la localidad de Ordes (A Coruña), a pesar de que carecía de licencia de hostelería. La alerta fue dada por una residente del inmueble, quien informó de la inesperada llegada de numerosas personas al lugar, las cuales se encontraban desorientadas y sin saber a dónde dirigirse.
Efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Ordes y de la UOPJ de A Coruña se desplazaron al lugar, identificando a un centenar de personas en situación irregular. Tras realizar entrevistas y recopilar información en colaboración con los servicios sociales, se logró reubicar a estas personas y se inició una investigación para determinar el motivo de su llegada a la zona.
Las pesquisas revelaron que estas personas habían viajado desde el sur de España, principalmente desde Granada, con la promesa de trabajar en una explotación agrícola en Lugo. Una vez en Galicia, eran distribuidos en inmuebles ubicados en distintas localidades, donde debían pagar un importe diario por alojamiento, además de abonar el transporte diario hasta la finca.
La localización de la explotación llevó a la planificación de un operativo conjunto entre la ITSS de Lugo, la UOPJ de A Coruña y efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, debido a la gran extensión de la finca, una de las mayores de la provincia. Durante la inspección se encontraron 92 trabajadores, de los cuales 82 eran ciudadanos extranjeros en situación irregular, careciendo de permiso de residencia y trabajo.
La investigación permitió identificar un entramado empresarial que facilitaba la contratación irregular de los temporeros. Las empresas responsables de la explotación subcontrataban a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) con domicilio en Sevilla. Esta empresa daba de alta ficticia a un número reducido de trabajadores en situación regular, mientras empleaba sin contrato al resto de los temporeros.
Como resultado de la operación, se procedió a la investigación de tres personas responsables de varias empresas implicadas en estos hechos. Los investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Villalba, partido judicial correspondiente al lugar donde se encuentra la finca.
La Guardia Civil reafirma su compromiso en la lucha contra la explotación laboral y la protección de los derechos de los trabajadores, recordando que la colaboración ciudadana es fundamental. Para informar de cualquier irregularidad, se puede contactar con el teléfono 062 o utilizar la aplicación ALERTCOPS.
