JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, critica una falta de inversión continuada en el Cuerpo, cuya partida presupuestaria para 2025 se ha visto estancada por tercer año consecutivo en 3.670,9 millones de euros. Esta cuantía supone el 0,76% del total de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y supone una disminución frente al 0,80% del 2021.
Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, considera que “la congelación de la partida destinada a la Benemérita, como consecuencia de la prórroga de los presupuestos generales ante la falta de acuerdo con Junts, evidencia una pérdida de capacidad real de la Guardia Civil, que es lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Esto no solo afecta a la seguridad del país, donde las tasas de criminalidad siguen subiendo, sino que además perpetúa un sistema injusto que nos discrimina frente a otros cuerpos policiales”.
Este estancamiento está generando serias consecuencias, lo que considera una “negligencia” por parte del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Esto impide avanzar en la equiparación real con otras policías autonómicas y locales, tal y como se comprometió a hacer el Ministro de Interior, al igual que sucede con otras medidas que JUCIL lleva tiempo reclamando, como la recuperación del 5% en las pagas extra o mejoras en las condiciones laborales.
Además, afecta a otros asuntos más operativos como las dietas de aquellos agentes que deben desplazarse para cumplir con sus obligaciones en zonas distintas a las que están destinados. En esos casos, los importes resultan claramente insuficientes, no se ajustan al coste real de vida y generan dificultades adicionales para aquellos que prestan servicio fuera de sus residencias habituales.
“La respuesta que nos dan desde el Ministerio de Interior es que la congelación de los presupuestos hace imposible avanzar en este sentido, dejando que los agentes pierdan dinero cuando tienen que salir. Reclamamos voluntad política ante la negligencia de inversión en nuestra institución”, añade Vilariño.
A ello se une otro problema crónico como es la falta de personal. La Guardia Civil es responsable de la seguridad en el 80% del territorio nacional y de todo el litoral de España, lo que supone un esfuerzo constante por cubrir grandes áreas con recursos que no se incrementan al ritmo que exige la realidad operativa.
Cabe recordar que para frenar la pérdida de agentes, se requieren ofertas de empleo que superen las 5.400 plazas, casi el doble de las plazas publicadas por el Ministerio del Interior para este año, que alcanzan las 3.118.
En esta línea, Vilariño asegura que “seguiremos reclamando más efectivos, una mejor organización y que se nos dote de los medios adecuados para seguir ejerciendo con eficacia las competencias que la ley nos tiene encomendadas. No se puede seguir ignorando la realidad a la que se enfrenta la Guardia Civil diariamente. Es imprescindible que se asignen los recursos adecuados para 2026 para garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos como la de nuestros propios agentes”. En este sentido alerta de la posibilidad de que se vuelvan a prorrogar, lo que supondría otro golpe a las cuentas de la Guardia Civil.
