Las ciudades no sufren falta de lugares donde habitar. Sufren falta de estrategia. Lo que está abandonado puede servir, lo que está en desuso puede volver a tener vida, lo que hoy parece inevitable puede transformarse. La cuestión ya no es posibilidad. Es decisión. Hay un dato observable: las ciudades europeas se han transformado en vidas polinomiales, en un vaivén al ritmo de las rutas de la aviación comercial. Las tiendas empiezan a dejar de ser un factor de distinción, porque lo que es local y exclusivo cierra para dar lugar a lo masificado y replicado en cualquier ciudad europea. En las ciudades también hay casas, hay edificios, hay metros cúbicos de hormigón suficientes para acoger a quien necesita vivir cerca de donde trabaja o estudia. Hoy, en muchas ciudades, encontrar vivienda ha dejado de ser un proceso y ha pasado a ser una conquista; en un lenguaje gamificado, es como jugar a la lotería. Ante esto, se multiplican las peticiones de intervención estatal. Peticiones para que el Estado, por decreto, congele alquileres, cree techos artificiales, es decir, interfiera directamente en el mercado privado. Y, aunque bien intencionadas, si estas peticiones se convierten efectivamente en medidas obligatorias, es muy probable que acaben generando diversos impactos negativos en el mercado y, aun así, no resuelvan la cuestión de fondo.
El mercado de la vivienda no es un grifo que se abre o se cierra con un decreto. Siempre que el Estado intenta regular el precio final, el resultado es previsible. Habrá menos casas disponibles, más especulación y un clima de incertidumbre que aleja a los inversores y frena la regeneración urbana. El mercado siempre encuentra una manera de autorregularse, es decir, de encontrar su propio modus operandi. Puede tardar más o menos tiempo, pero acaba funcionando con sus propias reglas. Sin embargo, hay un elemento de la ecuación que rara vez entra en el debate público, y cuando entra, se intenta silenciar y desviar la atención hacia otras cuestiones. El propio Estado es uno de los mayores poseedores de patrimonio en desuso en las principales ciudades: cuarteles abandonados, antiguas sedes de servicios públicos, edificios ministeriales sin función, inmuebles que llevan décadas sin acoger vida. Pues sí, solo acumulan polvo, humedad, silencio, y a veces, quién sabe qué más. Ese patrimonio debe formar parte de la solución. Por ejemplo, en el caso de las ciudades con instituciones de enseñanza superior, estos espacios deberían utilizarse, en primer lugar, para acoger estudiantes. Los estudiantes —o mejor dicho, las familias— representan una franja cada vez más explotada y vulnerable del mercado del alquiler. Al cuidar de ellos, cuidamos de las familias. Después, estos inmuebles podrían destinarse al alquiler de larga duración con valores regulados y ajustados a la realidad regional, no por decreto, sino mediante modelos de gestión público-privada sostenibles. Finalmente, podrían acoger incubadoras empresariales que generen puestos de trabajo, innovación, es decir, que hagan mover la vida y la economía. La crisis de la vivienda no se resuelve con decretos, se resuelve con valentía para utilizar lo que ya existe y lleva años abandonado.
Si el Estado rehabilitara parte de este patrimonio en desuso y lo pusiera al servicio de la vivienda funcional, la demanda en el mercado privado disminuiría de forma natural. La creación de residencias para estudiantes retiraría a miles de jóvenes, nacionales y extranjeros, de la competición directa con familias y trabajadores, y sobre todo, con turistas que inundan las ciudades diariamente. Menos demanda significa precios más estables, más previsibles y más justos. El sector privado seguiría teniendo espacio, margen y libertad para operar, pero en un mercado equilibrado, no en un ring donde quien busca vivienda entra siempre en desventaja. Y el Estado, además de cuidar los bienes que son de todos, también estaría transformando un coste en ingreso. Resolver el problema de la vivienda no exige aprisionar la iniciativa privada, exige visión y responsabilidad. Es fundamental dar uso a lo que está abandonado, crear valor donde hoy existe desperdicio y devolver a las ciudades lo que les falta: vida residente, estabilidad demográfica y sentido de pertenencia. De lo contrario, nos queda asistir, día tras día, a la transformación de las ciudades en escenarios para turistas e inversores cuya actuación se confunde cada vez más con especulación. Y así, las ciudades van quedando vacías de lo que realmente las define, que son las personas que viven, trabajan, estudian, forman familias, es decir, personas que dan sentido a estos espacios que cada vez pierden más su alma. Una ciudad sin habitantes no es ciudad, es solo territorio habitado por vidas ajenas.
