Perito Judicial
España vive desde hace años una paradoja frustrante: la ciudadanía percibe con claridad que algo falla en las estructuras políticas del país, pero el propio sistema que genera esa frustración está diseñado, en buena medida, para perpetuarse. En ese contexto nació Se Acabó la Fiesta (SALF), un partido con apenas ocho meses de vida, y cuya trayectoria electoral reciente merece un análisis desapasionado, alejado tanto de la autocomplacencia de sus seguidores como del desprecio reflexivo de quienes prefieren ignorarlo.
Las dos primeras pruebas autonómicas de SALF han tenido lugar con pocos días de diferencia: Aragón el pasado 8 de febrero y Castilla y León el 15 de marzo. En ambos casos, el partido no ha logrado representación parlamentaria; sin embargo, reducir esos resultados a un simple fracaso sería, cuando menos, un análisis superficial.
En el contexto aragonés rozar el escaño sin tiempo ni estructura tiene un mérito incalculable. En Aragón, SALF obtuvo alrededor de 17.000 votos. La formación se quedó a apenas un millar de papeletas de IU-Sumar, histórica coalición de la izquierda que actúa como fuerza institucional con presencia en el Gobierno central, y triplicó con claridad los resultados de Podemos, que se desplomó hasta el 0,94%.
El dato más revelador, y el más ignorado por los grandes medios, es que SALF quedó fuera de las Cortes aragonesas no por falta de votos en términos absolutos, sino por los mecanismos de una ley electoral que exige un mínimo del 3% en cada circunscripción provincial para participar en el reparto de escaños.
En la provincia de Zaragoza, la más poblada, SALF alcanzó el 2,9%, a décimas de ese umbral. Con un sistema de circunscripción única, el partido habría obtenido representación.
Esta es precisamente una de las críticas estructurales más legítimas que SALF ha trasladado al debate público; la ley electoral española genera profundas desigualdades en el valor del voto. Los partidos de implantación territorial concentrada, (especialmente los regionalistas que solo se presentan en una o dos provincias), logran escaños con una eficiencia por voto muy superior a la de los partidos de ámbito estatal que no superan determinados umbrales provinciales.
Un ciudadano que vota a una formación con implantación únicamente en Teruel o en el País Vasco ejerce, en términos de representación obtenida, un poder electoral que puede multiplicar por tres o por cuatro el de un español que vota a un partido que no concentra su apoyo geográfico. Esta distorsión no es nueva, pero tampoco debería ser tabú.
Castilla y León: El 15 de marzo, en Castilla y León, los resultados fueron más difíciles para SALF. La formación obtuvo 17.290 votos, el 1,4% del total, quedando como octava fuerza. Podemos fue nuevamente superado con claridad: la coalición de Miguel Ángel Llamas cosechó apenas 9.193 votos —el 0,74%— frente a los más de 62.000 que obtuvo hace cuatro años.
SALF, por tanto, prácticamente dobló a Podemos en sufragios. Sin embargo, IU-Sumar mejoró su posición relativa en esta comunidad respecto a Aragón, alcanzando los 27.000 votos y el 2,23%, dejando a SALF por detrás con un poco más de holgura en esta cita.
El diagnóstico honesto de Castilla y León exige reconocer que el sistema D’Hondt y los umbrales provinciales castigan aún más a las formaciones nuevas en comunidades donde la barrera efectiva para obtener un escaño puede superar el 7% o incluso el 9% en las provincias más pequeñas. La estructura del mapa electoral castellanoleonés, dominada por una derecha consolidada y por provincias con censos reducidos, convierte en misión casi imposible la entrada de cualquier fuerza emergente que no concentre un apoyo territorial específico.
Uno de los vicios más extendidos en el análisis político español es la equiparación automática entre ausencia de representación e irrelevancia. Esta lógica, conveniente para los partidos instalados en las instituciones, ignora que la historia electoral está llena de ejemplos de formaciones que tardaron años en trasladar su base social a escaños concretos.
Vox, hoy tercera fuerza en el Congreso, existió durante años con porcentajes de voto residuales antes de irrumpir con fuerza en 2018.
Ciudadanos tardó una década en dar el salto a la política nacional. La pregunta relevante no es si SALF tiene escaños hoy, sino si está construyendo una base electoral sólida, y si el mensaje que defiende, (reforma del sistema electoral, lucha contra la corrupción institucionalizada, defensa del autónomo y del trabajador frente a una fiscalidad que se percibe como asfixiante), conecta con una parte real de la ciudadanía.
Los datos sugieren que sí, aunque de forma todavía embrionaria y con la complejidad añadida de que el partido arrastra una imagen pública muy condicionada por la figura de su líder, Alvise Pérez, al que el sistema, (partidos políticos y medios subvencionados), intenta demonizar y silenciar.
El problema de fondo es un sistema que no se reforma a sí mismo porque, más allá del recorrido concreto de SALF, los resultados de estas dos elecciones vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que ninguno de los partidos con representación tiene interés en resolver: la reforma de la ley electoral.
En España, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) data en su arquitectura básica de 1985 y fue diseñada en un contexto político muy diferente al actual. La combinación de circunscripciones provinciales, umbrales del 3% y sistema D’Hondt genera una sobrerepresentación sistemática de los partidos implantados en territorios pequeños o con apoyo concentrado, en detrimento de aquellos que distribuyen su voto de forma más uniforme por el territorio.
Esta inequidad afecta no solo a SALF, sino a cualquier formación nueva de carácter estatal. Y afecta, en definitiva, a la calidad democrática del sistema de representación.
SALF tiene ocho meses de vida institucional. Ha participado en dos procesos electorales autonómicos en el mismo mes, sin escaños, pero con una presencia en las urnas que supera a partidos históricos con décadas de implantación y con acceso a financiación pública. Eso no lo queremos plantear como un triunfo, pero tampoco es la nada que algunos se apresuraran a proclamar…es, en todo caso, el punto de partida de una historia política que todavía está por escribir.
Lo que sí está escrito, en cambio, es que el sistema electoral español necesita una reforma profunda y honesta, no para favorecer a ningún partido en concreto, sino para garantizar que cada voto emitido en España, (en Zaragoza, en Soria o en Badajoz), tenga el mismo peso en las urnas, y esa es una demanda que va mucho más allá de cualquier sigla.
