La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha remitido al Ministerio de Defensa un conjunto de puntos generales que sistematizan lo expuesto por sus representantes en la última reunión informativa celebrada en el ministerio de Defensa, donde se informó del comienzo de los trabajos para el reconocimiento de la condición de profesión de riesgo para todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Durante dicho encuentro, los responsables ministeriales aseguraron que las aportaciones de las asociaciones profesionales militares serían “tenidas en cuenta”, lo que ha llevado a ATME a ordenar y formalizar los elementos esenciales que, a su juicio, deben incorporarse a cualquier futura reforma.
ATME recuerda, además, que ya estuvo manifestándose el pasado viernes en Madrid junto a guardias civiles y policías nacionales de JUSAPOL, JUCIL y JUPOL, reivindicando que la medida alcance tanto a los militares adscritos a la Seguridad Social como a Clases Pasivas. La asociación subraya que esta presencia conjunta responde al convencimiento de que la aprobación de la medida debe contar necesariamente con la participación de las asociaciones profesionales, pues de lo contrario siempre habrá colectivos que queden atrás, ya sean las Clases Pasivas o los militares temporales obligados a abandonar las Fuerzas Armadas antes de llegar a la jubilación.
La asociación subraya que esta iniciativa es el resultado de un trabajo continuado que viene desarrollando desde hace años en los ámbitos institucional y parlamentario, con el objetivo de que la especificidad del servicio militar -marcada por la disponibilidad permanente, la exigencia física, el riesgo inherente y las limitaciones de derechos- sea reconocida de manera efectiva. ATME recuerda que este esfuerzo se ha intensificado tras comprobar que, pese a las manifestaciones de buena voluntad y a las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, no se han producido avances normativos tangibles que garanticen una protección real para el personal militar.
Asimismo, la asociación recalca que los puntos remitidos no constituyen un documento cerrado, sino una base de trabajo que debe permitir a la Administración concretar plazos, procedimientos y compromisos verificables. ATME insiste en que el reconocimiento de la profesión de riesgo no puede quedar supeditado a interpretaciones ambiguas ni a procesos indefinidos, sino que debe materializarse mediante reformas legislativas y reglamentarias que aporten seguridad jurídica y homogeneidad en su aplicación. Esta exigencia se vincula directamente con la necesidad de avanzar en coeficientes reductores, jubilación anticipada y mecanismos de equiparación entre regímenes de protección social.
Puntos trasladados por ATME al Ministerio de Defensa
· Modificación del Real Decreto 402/2025 para incluir al personal de las FAS integrado en el Régimen General de la Seguridad Social dentro del procedimiento de determinación de coeficientes reductores que permiten anticipar la edad de jubilación.
· Modificación del Real Decreto Legislativo 670/1987 con el fin de incorporar los coeficientes reductores derivados de la catalogación de la profesión de riesgo en el régimen de Clases Pasivas.
· Creación de coeficientes reductores específicos, adaptados a las particularidades de la carrera militar y a la diversidad de funciones y exigencias operativas.
· Mecanismos de equiparación de pensiones para garantizar que el personal adscrito a la Seguridad Social y a Clases Pasivas perciba prestaciones idénticas en el momento del retiro o jubilación.
· Reconocimiento retroactivo del tiempo de servicio como militar temporal de modo que quienes hayan abandonado las FAS, ya sea de forma voluntaria o forzosa, puedan computarlo íntegramente con los coeficientes reductores correspondientes a efectos de jubilación.
· Carácter voluntario de la aplicación de estas medidas asegurando que cada militar pueda decidir si acogerse o no a los beneficios derivados del reconocimiento de la profesión de riesgo.
ATME reafirma su compromiso de continuar trabajando de forma activa y rigurosa para que el Ministerio de Defensa transforme en hechos concretos las afirmaciones realizadas en la última reunión informativa, y para que el reconocimiento de la profesión de riesgo deje de ser una aspiración pendiente y se convierta en una realidad normativa para todos los miembros de las Fuerzas Armadas.
