Mientras los vecinos de Laxe, Coéns y de las parroquias afectadas concentraban sus esfuerzos en defender el territorio frente a la concesión de explotación Don Sebastián —ya caducada desde 2023—, la Xunta de Galicia preparaba discretamente la autorización de un nuevo expediente minero. Su nombre es Jorge Reyes. Y su historia dice mucho sobre la forma en la que se están tomando determinadas decisiones que afectan al futuro de A Costa da Morte.
El pasado 5 de marzo de 2026, la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Minas otorgó a Caolines de Vimianzo (CAVISA) el permiso de investigación minera Jorge Reyes nº 7148, sobre una superficie de seis cuadrículas mineras en los municipios de Laxe, Cabana de Bergantiños y Zas.
Hasta aquí podría parecer un expediente administrativo más. Pero la realidad es mucho más compleja.
El proyecto de investigación que sirve de base para esta autorización fue redactado en mayo de 2013. En él se establece una planificación detallada de los trabajos distribuida en tres anualidades: 2014, 2015 y 2016. El documento preveía expresamente la finalización de la investigación en diciembre de 2016 y la posterior solicitud de una concesión de explotación de los recursos localizados.
Sin embargo, la autorización definitiva no llegó hasta marzo de 2026.
Trece años después de la redacción del proyecto.
Diez años después de la fecha en la que, según el propio documento técnico, deberían haber terminado los trabajos de investigación.
La pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede considerarse plenamente vigente en 2026 un proyecto elaborado para ejecutarse entre 2014 y 2016?
Durante esos trece años ha cambiado la normativa ambiental, han evolucionado los criterios de protección del territorio, se han modificado instrumentos de planificación, se han producido transformaciones económicas y sociales, y ha aumentado de forma notable la sensibilidad ciudadana respecto a los impactos de las actividades extractivas.
Pero lo más sorprendente es que la resolución de otorgamiento aprueba expresamente el mismo documento técnico firmado en mayo de 2013.
No estamos hablando de un retraso administrativo de meses ni de un procedimiento complejo que se resolvió con una actualización integral de la documentación. Estamos hablando de una autorización concedida en 2026 sobre la base de un proyecto concebido para una realidad que ya no existe.
La siguiente tabla muestra cómo el expediente permaneció atrapado en un «limbo burocrático» durante década y media:
| Año | Hito Administrativo | El Desajuste / Contradicción |
| 2011 | Convocatoria del concurso | Inicio del proceso administrativo. |
| 2013 | Redacción del proyecto técnico | Se diseña el plan que preveía terminar los trabajos en 2016. |
| 2018 | Información pública | Trámite vecinal basado en datos y planes de hace 5 años. |
| 2026 | Autorización definitiva | La Xunta aprueba el proyecto original de 2013 sin ninguna actualización. |
La cronología del expediente resulta reveladora.
El concurso minero del que nace esta solicitud fue convocado en 2011.
La admisión definitiva se produjo en 2013.
La información pública no llegó hasta finales de 2018.
Y la autorización definitiva se demoró hasta 2026.
Quince años de recorrido administrativo. Quince años durante los cuales el territorio continuó evolucionando mientras el expediente permanecía atrapado en una especie de limbo burocrático.
La cuestión no es menor.
La participación pública tiene sentido cuando existe una relación razonable entre la consulta a la ciudadanía y la decisión final de la Administración. Cuando transcurren años entre ambos momentos, resulta legítimo preguntarse si las condiciones sobre las que se informó y alegó siguen siendo realmente las mismas.
Los vecinos de A Costa da Morte llevan años demostrando una capacidad ejemplar de movilización y participación en los asuntos que afectan a su territorio. El debate sobre los proyectos mineros no es nuevo. Forma parte de una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo que quiere la comarca, sobre la protección del paisaje, sobre los usos tradicionales del suelo, sobre el turismo, sobre la actividad agroganadera y sobre la conservación de los recursos naturales.
Por eso sorprende especialmente que una decisión de esta relevancia se adopte en 2026 apoyándose en un documento técnico redactado cuando aún no había terminado la primera década del siglo.
El caso Jorge Reyes abre además una cuestión de alcance general.
Si la Administración considera aceptable autorizar un permiso minero con base en un proyecto elaborado trece años antes, ¿qué impide que otros expedientes dormidos en los archivos administrativos sigan el mismo camino?
¿Qué garantía tiene la ciudadanía de que las decisiones sobre su territorio se toman con la mejor información disponible y no con documentación elaborada para contextos ya superados?
Estas preguntas no son un ataque a la actividad minera ni a las empresas promotoras.
Son preguntas sobre transparencia, rigor y buena administración.
Porque el verdadero debate ya no es solo si existe o no caolín bajo los montes de Laxe, Zas o Cabana de Bergantiños.
El verdadero debate es si la Galicia de 2026 puede permitirse tomar decisiones sobre su futuro utilizando proyectos pensados para el pasado.
Y esa es una cuestión que merece una respuesta pública, clara y convincente por parte de la Xunta de Galicia.
