La asociación subraya que, tras más de ocho años de trabajos, el informe final de la comisión de trabajo no incorporó ninguna propuesta relevante de las asociaciones debido al bloqueo ministerial que impidió la unanimidad
El Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso una batería de preguntas escritas en las que, basándose en la información trasladada por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), solicitó explicaciones sobre el cierre de la Comisión de Trabajo Temporal encargada de revisar la Ley Orgánica 9/2011. Los diputados del PP recordaron que ATME había expresado su decepción ante un borrador final que, tras más de ocho años de trabajos, evidenciaba que la comisión había desaprovechado la oportunidad de modernizar el marco de derechos del personal militar, al haberse rechazado “propuestas esenciales como la elección directa de los vocales del COPERFAS, la ampliación de los derechos de información dentro de las unidades o la reforma de los métodos de trabajo del propio Consejo”.
El PP también incorporó la preocupación de ATME por la persistencia de ámbitos opacos, como la información sobre accidentes y fallecimientos en acto de servicio, que continúan fuera del conocimiento obligatorio del Consejo de Personal, algo que la asociación considera impropio de una institución moderna. Con estos elementos, el Grupo Popular preguntó al Gobierno si existía un calendario para reformar la Ley Orgánica 9/2011 o si, por el contrario, se descartaba cualquier modificación relevante durante la legislatura.
El Gobierno respondió que los trabajos de la Comisión no habían puesto de manifiesto la necesidad de una reforma sustantiva y que el modelo vigente es “plenamente consolidado y garantista”, destacando la composición paritaria del COPERFAS, los mecanismos de participación y la información remitida trimestralmente sobre accidentes y fallecimientos. Añadió que las asociaciones participan en los procesos normativos y que en los últimos años se han impulsado mejoras profesionales en retribuciones, conciliación, movilidad y carrera.
Sin embargo, ATME considera que esta respuesta confirma, aunque sea de forma implícita, el problema que la asociación viene denunciando: si la Comisión no ha detectado la necesidad de reformar la Ley es porque las propuestas de calado planteadas por las asociaciones fueron sistemáticamente rechazadas por Defensa y los Ejércitos, lo que impidió que pudieran incorporarse al informe final. La asociación recuerda que la falta de aceptación de medidas básicas para modernizar el marco de derechos -como la elección directa de vocales, la ampliación de la información en las unidades o la eliminación de vetos en el COPERFAS- imposibilitó cualquier avance real.
ATME sostiene que la afirmación gubernamental de que “no se desprende la necesidad de acometer una modificación sustantiva” no refleja consenso alguno, sino la consecuencia de una dinámica en la que la parte institucional estaba anclada en una posición inamovible mientras, en otra dirección, avanzaba la mayoría de las asociaciones, que defendían mejoras nunca asumidas. Esta divergencia estructural explica que la Comisión haya concluido sin resultados significativos y que el Gobierno pueda presentar como suficiente un modelo que las organizaciones representativas consideran desactualizado y alejado de los estándares de otros cuerpos del Estado.
La asociación lamenta que la respuesta oficial ignore esta falta de consenso y reafirma que la modernización del marco de derechos y deberes del personal militar solo será posible cuando exista una voluntad real de incorporar las propuestas de quienes representan directamente a los militares.
