La asociación es la impulsora de la enmienda y alerta de que los sindicatos difunden ideas falsas que ponen en riesgo la reincorporación laboral de miles de servidores públicos
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado la campaña de desinformación que diversos sindicatos están promoviendo contra la enmienda pactada por PP y VOX en las Corts Valencianes, destinada a modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales para permitir que los ayuntamientos reserven, si así lo desean, hasta un 20% de las plazas a militares temporales. Esta herramienta, prevista en la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería y aplicada con normalidad en numerosas comunidades autónomas, ha sido impulsada en Valencia por ATME ante la pasividad del Ministerio de Defensa, que “parece no tener demasiado interés en extender estas medidas”, obligando a la asociación a asumir un papel que debería corresponder al propio departamento.
ATME acusa a los sindicatos de trasladar a la opinión pública una imagen distorsionada del colectivo militar, bien por desconocimiento de la normativa o bien por intereses que pretenden presentar los valores de las Fuerzas Armadas como incompatibles con la función policial local y el servicio al ciudadano. La asociación considera que ha llegado el momento de que las organizaciones profesionales militares respondan con firmeza a estas ideas preconcebidas que pretenden lastrar el futuro laboral de miles de servidores públicos temporales, algunos de los cuales han dado su vida en beneficio de toda la comunidad, incluida la valenciana.
“Es hora de que las asociaciones profesionales militares que incorporan tropa y marinería temporal entre sus socios dejen de ser pusilánimes ante las organizaciones que intentan impedir el derecho a una reincorporación laboral digna de estos servidores públicos”.
ATME recuerda que siete comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja) ya contemplan en sus leyes de coordinación la posibilidad de reservar hasta un 20% de las plazas de Policía Local a militares con más de cinco años de servicio, además de Ceuta y Melilla, donde la obligación está recogida en sus convenios. Esta realidad desmonta la afirmación sindical de que la medida “no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad”, pues los militares deben superar exactamente las mismas pruebas, notas de corte y exigencias físicas y médicas que cualquier aspirante civil.
Frente a la acusación de que la reserva “agrava el envejecimiento de las plantillas”, ATME recuerda que los militares temporales dejan de ser “militares” a los 45 años, momento en el que ya no pueden acogerse a esta reserva. “¿Envejece más un militar de 44 años que un civil de 55?”, plantea la asociación, subrayando que las convocatorias actualmente no establecen límite de edad para los aspirantes.
3.11.2025. Reuniones en las Cortes Valencianas con José María Llanos Pitarch, Portavoz de VOX, y Vicente Betoret Coll, diputado del PP.
ATME considera especialmente grave que algunos sindicatos sostengan que las Policías Locales son “cuerpos civiles, de proximidad y con funciones diferentes a las Fuerzas Armadas”, insinuando que los valores militares son contrarios a la función policial. La asociación replica que ningún colectivo está más habituado al trabajo en equipo, al manejo seguro de armas, a la disciplina, a la abnegación y a la gestión de situaciones críticas que los militares profesionales. “¿Quién está más preparado para servir a la ciudadanía: quien ha realizado misiones de seguridad o actuado en incendios, inundaciones y calamidades -como las recientes en la Comunitat Valenciana- o quien solo conoce esto a través de los test de las academias preparatorias?”, señala ATME.
La asociación recuerda además que esta reserva ya existía en la Ley de Coordinación valenciana hasta que fue eliminada por la presión sindical y de ciertos partidos políticos, del mismo modo que en otras autonomías los sindicatos han recurrido reservas de plazas en convocatorias de bomberos de la Diputación de Huesca o de funcionarios en Melilla. Esta cadena de actuaciones revela un patrón evidente: los sindicatos consideran que los militares no son trabajadores homologables al resto, sino un colectivo cuya presencia en las plantillas supondría, según su visión, una supuesta “militarización” de la policía local a través de una vía de acceso que no controlan ellos.
Respecto a la afirmación sindical de que la solución debe darse “dentro del ámbito militar”, garantizando una carrera profesional hasta la jubilación, ATME insiste en que esto es un brindis al sol, ya que la Ley 8/2006 obliga a la mayoría de los militares de tropa y marinería a abandonar las Fuerzas Armadas a los 45 años, sin una vía real de continuidad profesional. Por ello, la reserva de plazas y la baremación del tiempo de servicio son herramientas previstas por la propia ley para facilitar su reincorporación laboral, tal como recoge la ley: “Posibilidad de reserva de plazas para militares profesionales de tropa y marinería con más de 5 años de servicio en las policías locales”.
La asociación subraya que numerosos ayuntamientos de otras autonomías que ya aplican la medida valoran positivamente la profesionalidad del personal militar, y que el acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la FEMP -cuyo convenio establece que la reserva es posible “siempre que lo permitan las normas sobre coordinación de las policías locales”- demuestra que la medida es viable, legal y plenamente constitucional.
ATME concluye que no puede ni debe callarse ante la propagación de estas ideas preconcebidas que pretenden lastrar el futuro laboral de miles de servidores públicos. La asociación reclama rigor, respeto y responsabilidad a quienes, desde posiciones sindicales, están difundiendo mensajes que no se corresponden con la realidad normativa ni con la experiencia de los municipios que ya aplican esta política.
