El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, ha dado un paso decisivo en la investigación de las presuntas irregularidades financieras y concesiones bajo sospecha al poner el foco en el entorno del expresidente Zapatero. En concreto, el magistrado ha ordenado un escrutinio minucioso de las cuentas de la agencia de comunicación constituida por las hijas del exmandatario, tras detectar que la mercantil percibió elevados ingresos por parte de sociedades vinculadas a la trama.
La investigación busca determinar si la firma funcionó como una sociedad instrumental para canalizar o dar apariencia de legalidad a retribuciones procedentes de consultoras y empresas de la red. La hipótesis de la Policía Judicial apunta a que las facturas emitidas por trabajos de comunicación y diseño gráfico correspondían a tareas de mínima entidad técnica o, en algunos casos, a servicios que nunca llegaron a ejecutarse.
Para esclarecer la naturaleza de estos flujos de dinero, las actuaciones incluyen la inspección de los extractos bancarios, el volcado de dispositivos digitales y la elaboración de peritajes para determinar si el coste de los trabajos facturados se ajustaba al precio de mercado. Por su parte, el entorno de las investigadas defiende que la firma operaba dentro de la estricta legalidad y que las remuneraciones recibidas obedecían de forma íntegra a encargos profesionales efectivos.
