En los discursos públicos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se presenta como el gran guardián de la transparencia, un organismo ejemplar que anima constantemente a los ciudadanos y profesionales a denunciar cualquier práctica anticompetitiva. Sin embargo, la realidad de las bambalinas administrativas es muy distinta. Tras la ventanilla del registro, las denuncias documentadas contra los gigantes empresariales pueden llegar a convertirse en expedientes invisibles. Esta es la crónica de una denuncia formulada por José Luis Rodriguez Fernández, que lleva cuatro años atrapada en el cajón de los silencios más absolutos.
1. El origen: Prácticas colusorias en el sector cervecero
El 28 de junio de 2022, presenté personalmente en el registro de la CNMC en Madrid una denuncia formal contra la empresa Hijos de Rivera. El documento detallaba una serie de prácticas que, a mi juicio, vulneran gravemente la libre competencia y que son bien conocidas dentro del sector cervecero a nivel nacional:
- Imposición de precios al mercado: Aunque los fabricantes envían tarifas bajo la etiqueta de “recomendadas”, en la práctica funcionan como precios obligatorios. No acatarlas supone el riesgo inmediato de perder la distribución.
- Asignación exclusiva y obligatoria de clientes: Un sistema que encorseta el mercado y anula la libertad comercial.
- Discriminación en condiciones comerciales: Prácticas que dejan a los distribuidores oficiales en una clara desventaja frente a las grandes cadenas de alimentación y otros operadores que reciben condiciones notablemente más ventajosas.
No estábamos —ni estamos— ante un fenómeno desconocido para el regulador. La propia CNMC ya sancionó hechos de idéntica naturaleza en el año 2008 (Expte. 647/08, caso DAMM). La jurisprudencia y los precedentes existían; las pruebas estaban sobre la mesa.
2. La cronología del silencio: Una denuncia que se desvanece
Lo que aconteció tras la presentación del documento vulnera los principios más básicos de la relación entre la Administración y el ciudadano. Desde el verano de 2022 hasta el día de hoy, el resultado ha sido la nada absoluta: ni un acuse de recibo, ni una llamada telefónica, ni un requerimiento de información complementaria, ni, por supuesto, una resolución.
Ante esta pasividad, el 14 de noviembre de 2024 decidí elevar el tono. Remití un escrito dirigido directamente a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, a través de la Subelegación del Gobierno en Lugo. La respuesta, una vez más, fue el silencio.Como último recurso ante lo inadmisible de la situación, el 26 de diciembre de 2025 solicité formalmente una certificación oficial sobre el estado de la denuncia. Tras más de seis meses de espera en este año 2026, el organismo sigue instalado en una pasividad absoluta. Han pasado cuatro años desde que acudí a Madrid y sigo sin saber en qué situación se encuentra mi expediente.
3. Desatención en las altas esferas políticas
El desamparo no se limitó al ámbito del organismo regulador. Con el objetivo de dar a conocer la gravedad de la situación en el tejido de la distribución, me dirigí personalmente a las vicepresidentas del Gobierno, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, explicándoles detalladamente las prácticas del sector y la inoperancia administrativa. La respuesta por su parte fue nula, ignorando por completo las comunicaciones enviadas. El peso de las grandes marcas parece diluir la atención de quienes, públicamente, dicen defender a los trabajadores y a los pequeños empresarios.
4. Reflexiones y preguntas necesarias: ¿Para quién trabaja la CNMC?
La ausencia total de respuesta por parte de un organismo público plantea preguntas de calado democrático y económico que exigen una respuesta pública y clara:
- ¿Puede una denuncia documentada permanecer cuatro años sin ningún tipo de trámite ni notificación?
- ¿Está actuando la CNMC con la diligencia y el rigor que se esperan del órgano encargado de velar por el mercado en España?
- ¿Existe una falta estructural de medios, o estamos ante una preocupante dejación de funciones cuando los expedientes afectan a grandes y poderosos grupos empresariales?
Al revisar la trayectoria pública de la presidenta de la CNMC, salta a la vista su pasado como socia de un destacado despacho de abogados. Aunque desconozco si dicho bufete ha tenido o tiene relación profesional con la empresa objeto de mi denuncia —y no afirmo en ningún momento tal vínculo—, la mera sombra de la duda y la opacidad del proceso generan una inevitable y preocupante percepción de conflicto de intereses.
¿Qué sentido tiene que la CNMC invite a la ciudadanía a denunciar de forma anónima o formal si luego la maquinaria se congela? La Galicia y la España de 2026 no pueden permitirse instituciones opacas que funcionen a dos velocidades: una rápida para las declaraciones ante los medios, y otra inexistente para los problemas reales del tejido comercial.
La transparencia y la buena administración no son un favor que el Estado nos hace; son un derecho constitucional. Y el silencio de la CNMC ya resulta ensordecedor.
