Coordinador UCIN Galicia
El gobierno de Goretti Sanmartín (BNG) en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela está implementando una política de vivienda pública con el objetivo de crear un parque residencial municipal, lo cual es perfecto, más cuando Galicia está experimentando una situación precaria en vivienda protegida debido a varios factores, como la falta de promoción pública, la elevación de precios del alquiler y la dificultad para acceder a una primera vivienda. Su intención es darle luz a través de la nueva empresa municipal de vivienda que el gobierno de BNG y CA pondrá en marcha en línea con el que fue el cometido de la extinta Emuvissa.
Sabemos cómo acaba la gestión de estas empresas municipales «empresa municipal de vivienda de Santiago, Emuvissa, entra en preconcurso de acreedores», ¿se acuerdan?. ¿Qué nos podemos esperar de lo que queda de legislatura con antecedentes como estos? «El BNG contará con más asesores que concejales en Santiago, el sobrecoste público anual rondará los 200.000 € respecto al último mandato», «políticos y asesores del Ayuntamiento de Santiago suman casi dos millones de euros al año en sueldos». Tal vez si se aplicara aquella propuesta del Gobierno central hace años, la cual el por entonces el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, consideraba que la propuesta del Gobierno central de promover medidas penales a los políticos que lleven a cabo una mala gestión de los recursos públicos desprendía un “tufo antipolítico” y constituía una propuesta que tiene “mucho de demagogia y de propaganda”. Si se hubiese llevado a cabo “otro gallo cantaría”, las cosas serían totalmente diferentes para el estamento político.
Sigamos hablando de la problemática que nos afecta. La falta de vivienda ha llevado a que muchos jóvenes y otros colectivos tengan dificultades para encontrar una vivienda asequible. En España, el porcentaje de vivienda social o protegida es del 2,5%. Esto significa que solo el 2,5% del total de viviendas en el país son destinadas a la población con dificultades para acceder a una vivienda a precio de mercado. En Europa la vivienda protegida es un pilar fundamental para garantizar el acceso a un hogar digno, aquí nos encontramos rezagados, estas cifras alarmantes evidencian una crisis habitacional latente. Con apenas un 2,5% de su stock de vivienda destinado a protección oficial, nos situamos como uno de los que tienen menor oferta de este tipo de viviendas en Europa, solo por delante de Portugal, Rumanía y Bulgaria.
Históricamente, en nuestro país hemos optado por un modelo centrado en la venta de viviendas protegidas, relegando el alquiler a un segundo plano. Esta estrategia, combinada con leyes del suelo que facilitan la transición de las viviendas al mercado libre, ha contribuido a una escasez crónica de viviendas asequibles en alquiler. La vivienda protegida en alquiler en los demás países varía considerablemente de un país a otro. Finlandia cuenta con un sólido 13%, seguido de cerca por Suecia con un 19%, y Dinamarca con un impresionante 20,9%. Lo que no está muy bien es lo que intenta llevar acabo el (BNG), saltarse la normativa en la Unión Europea con respecto a la propiedad privada, que está protegida por el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que establece que toda persona tiene derecho al respeto de sus bienes y que nadie puede ser privado de su propiedad, así se menciona en el Derecho de los propietarios: Los propietarios tienen derecho a usar, disfrutar y disponer libremente de sus propiedades.
Pero esta medida viniendo de un partido comunista patriótico no nos es nada sorprendente. Le recomiendo a los señores representantes políticos que apliquen medidas como se llevan acabo por ejemplo en Dinamarca «todos pagan, pero el dinero regresa a sus orígenes en formas muy variadas: ayudas a la maternidad, universidad, empresas públicas, pensiones… Los daneses han sabido equilibrar todo para que salgan las cuentas y nos llevan ventaja.»
