El Pleno de julio aprobó hoy, con los votos del grupo socialista y la abstención del PP, la creación del Consejo Económico y Social (CES), una propuesta del BNG incorporada al Acuerdo de Investidura. «Estamos seguros de que el Consejo Económico y Social será no solo un foro privilegiado para analizar las necesidades y las oportunidades de la ciudad, sino también un vivero de propuestas que sirvan al interés común», afirmó en su intervención ante el Pleno el concejal del BNG David Soto.
Soto espera que se tenga en cuenta la sugerencia de la Secretaría General del Pleno para que el ámbito de actuación del CES se extienda también al entorno metropolitano de la ciudad, «dada la estrechísima imbricación de la economía de la ciudad» con la comarca coruñesa.
Al mismo tiempo, demandó que se haga un esfuerzo para integrar en este nuevo organismo a representantes de las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, «por la importancia de su contribución a la economía de la ciudad».
Para finalizar su intervención, Soto destacó que la propuesta de creación del CES «nació del diálogo del BNG con las centrales sindicales de A Coruña, a las que agradecemos de corazón su compromiso con el bien común de esta ciudad».
Comparecencia de Gonzalo Castro: Denuncia por «irregularidades en la gestión»
En este Pleno de julio, y a petición del BNG, tuvo lugar la comparecencia del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, para dar cuenta de diversas irregularidades en su gestión.
El portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera, denunció que el «escándalo recurrente de facturas impagadas por falta de suficiente crédito presupuestario o servicios que se contratan verbalmente, y no por escrito, conculcando la Ley de Contratos del Sector Público, son prácticas habituales en la gestión tanto del IMCE como del Consorcio de Turismo y Congresos».
Bajando a lo concreto, Jorquera se refirió a una serie de preceptos legales que, según él, fueron conculcados por el concejal de Cultura en las facturas irregulares del Womex 2023, que tuvieron que ser asumidas por el Ayuntamiento en este Pleno a través de un reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 140.058,71 euros.
Jorquera recordó que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que no se pueden adquirir compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados; la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas declara nulos los actos (los contratos) dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; y la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe a las entidades del sector público contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.
En el Womex 2023, «el señor Gonzalo Castro saltó todos esos preceptos legales», contrayendo eventualmente «las responsabilidades a las que haya lugar», de acuerdo con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El portavoz nacionalista remarcó que esta forma de actuar «perjudica a terceros» -al encargar servicios sin presupuesto suficiente para pagar en el año en que se realiza el gasto-, pero también «compromete la hacienda local», como en su momento ha advertido la Intervención General del Ayuntamiento.
«Lo advirtió hace un año y, un año después, volvemos a las andadas», subrayó Jorquera. «Este reconocimiento extrajudicial de obligaciones es fruto de que el señor Gonzalo Castro haya prescindido, total y absolutamente, del procedimiento legal establecido».
La falta de rigor en la administración del dinero público, según el BNG, marca la gestión del concejal de Cultura y Turismo.
Jorquera lo ejemplificó con lo ocurrido con el evento Wake Up & Dream. Este festival «comenzó el pasado viernes y la empresa que lo organiza no solicitó la autorización para celebrarlo hasta el jueves, el día anterior, y ese mismo día le fue concedida».
No obstante, las entradas obviamente ya estaban vendidas y el BNG solicitó hace más de un mes el acceso al expediente sobre el evento, sin que todavía les fuera concedido.
«¿Se celebró el festival sin un informe ambiental favorable? ¿Cree usted que se puede funcionar así?», inquirió Jorquera.
Indemnizaciones y deudas: «Las seis cifras y el millón»
Para resumir, la falta de rigor en la gestión del dinero público por parte de Gonzalo Castro, según el BNG, está causando graves problemas al Ayuntamiento.
«Con su forma de gestionar, las indemnizaciones que hay que pagar no bajan de las seis cifras», dijo Jorquera. «140 mil euros más los intereses de demora, porque usted ordenó de forma irregular una prórroga del contrato del servicio de conserjería de las instalaciones deportivas municipales. Y otros 140 mil a la empresa que prestó servicios para el Womex 2023», añadió.
Indemnizaciones de seis cifras, y deudas que no bajan del millón. «Más de un millón en el IMCE. Más de un millón en el Consorcio para la Promoción de la Música. Y sobre todo esto por lo que le pedimos explicaciones», concluyó Jorquera.
El concejal de Cultura y Turismo dio pocas explicaciones. Se limitó a decir que el reconocimiento extrajudicial de créditos era un mecanismo legal, pero no explicó cómo es posible que en apenas dos años las facturas irregulares producto de su gestión alcanzaran los 7 millones de euros. Y, como mucho, concedió que «se podrá criticar, a veces con fundamento, cuestiones de la gestión de este concejal».
Aprobadas las mociones del BNG
El Pleno aprobó las tres mociones formuladas por el BNG, dos de ellas -las relativas a los derechos del colectivo LGTBI+ y al Campo Municipal de Golf- por unanimidad.
La tercera, la de cambiar el nombre de la Rúa Alcalde Sanjurjo -connotado fascista- por el de Rúa Diplomáticos de Monte Alto, fue aprobada con los votos favorables del PSOE y la oposición de un PP que llegó a decir que algunos de los errores de Sanjurjo de Carricarte -ponente en consejo de guerra de sentencias de muerte durante la posguerra- fueron cometidos «forzado por la época que le tocó vivir».
