La plataforma ciudadana Auga Limpa Xa! ha exigido formalmente el cese inmediato de las conselleiras de Medio Rural, María José Gómez, y de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, así como del presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga. La organización los señala como responsables directos de la «degradación medioambiental» y del «riesgo para la salud pública» en la comarca de A Limia.
Un clamor social tras el estreno de un documental
La exigencia se produce tras el éxito de convocatoria en la presentación del documental ¿Quién contamina A Limia? en Ourense. Según la plataforma, el modelo de producción industrial ganadera es la raíz de la contaminación por nitratos que afecta a la zona, un problema que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) —en una sentencia ratificada ahora por el Tribunal Supremo— califica como una amenaza para la salud de los vecinos.
Auga Limpa Xa! denuncia un cruce de acusaciones entre administraciones que paraliza cualquier solución:
- A la Xunta de Galicia: Le recriminan que siga negando la realidad de los datos y que no haya aplicado normativas técnicas para la gestión de residuos.
- A la CHMS (Gobierno Central): Le acusan de conocer los niveles de nitratos desde 2011 y «no haber hecho nada por detener la proliferación de macrogranjas», escudándose en una supuesta falta de competencias.
«Es una irresponsabilidad eludir las obligaciones de sus cargos públicos mientras ignoran un clamor social y una alerta europea», afirman desde la plataforma.
Las cinco exigencias de la plataforma
Para revertir la situación, Auga Limpa Xa! insta a los nuevos responsables que ocupen estos cargos a ejecutar un plan de choque urgente:
- Moratoria inmediata a la instalación de nuevas macrogranjas.
- Estudio epidemiológico exhaustivo sobre la salud de la población en A Limia.
- Declaración oficial de la cuenca como Zona Vulnerable, según las exigencias de la Unión Europea.
- Implementación de un Código de Buenas Prácticas agrogaderas estricto.
- Cumplimiento íntegro de la sentencia judicial mediante un plan de actuación conjunto entre la Xunta y la CHMS.
