Hay titulares que no indignan por la sorpresa, sino por la profunda vergüenza ajena que provocan. Lo último que cabía esperar de un representante público, alguien que percibe un abultado sueldo a costa de los impuestos de todos los españoles, es la enésima boutade aderezada con la insolencia del incapaz. Escuchar a José María Figaredo en televisión pidiendo lanzarse a la «caza» de los migrantes uno a uno en Ceuta para devolverlos al otro lado de la frontera, no es solo una barbaridad política, es el retrato perfecto de la política convertida en barra de bar de niños pijos.
Sorprende la ligereza con la que un diputado aforado se viste de capataz de cacería en hora máxima de audiencia. Cabe suponer, siendo generosos, que al menos no proponía salir con fusil en mano, aunque viendo el ímpetu con el que abandona cualquier atisbo de humanidad, a este personaje tampoco parece temblarle la voz al sugerir arrearlos a golpes o a empujón limpio hasta la valla. Todo sea por la foto, por el titular fácil y por alimentar el estruendo.
A Figaredo no le viene de casta ni es ningún galgo. Detrás del apellido y del ruido mediático solo queda un perfil llano y simplista. Un político que cuando habla no escucha, no argumenta y, lo que es peor, demuestra no tener la menor idea de lo que gestiona ni de la complejidad del mundo que le rodea. Su única herramienta dialéctica es el exabrupto de trazo grueso, la provocación infantil del que jamás ha tenido que lidiar con un problema real en la vida cotidiana.
Resulta sangrante que mientras miles de ciudadanos hacen encaje de bolillos para llegar a fin de mes, el dinero público sirva para financiar la nómina de quien utiliza la tribuna pública no para proponer soluciones, sino para incitar al odio contra los más vulnerables. La denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por Compromís-Sumar tras estas declaraciones, no es un lance parlamentario más; es un límite higiénico elemental.
En una democracia sana, las cacerías humanas no se televisan ni se disculpan como licencias poéticas. La libertad de expresión no es patente de corso para el matonismo verbal, y a los «niñatos» de la política habrá que recordarles, vía judicial si es preciso, que cobrar del Estado exige, al menos, guardar el respeto mínimo a la dignidad humana y a las leyes que prometieron acatar.
