La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha solicitado formalmente al Ministerio de Defensa la realización de una auditoría integral, externa e independiente sobre el estado de las bases, acuartelamientos y establecimientos de las Fuerzas Armadas.
Esta petición surge tras un incremento alarmante en las comunicaciones recibidas por la asociación, que alertan sobre condiciones que comprometen gravemente la seguridad, salud y dignidad del personal militar.
Deficiencias sistémicas y falta de mantenimiento
Según expone ATME, las quejas recopiladas en unidades de todo el territorio nacional no describen incidentes aislados, sino un deterioro estructural persistente. Entre los problemas detectados destacan:
- Zonas de vida y trabajo: Humedades severas, instalaciones eléctricas obsoletas, mobiliario deteriorado y falta de mantenimiento básico.
- Servicios esenciales: Fallos recurrentes en sistemas de calefacción, averías prolongadas en calderas y cortes de suministro de agua y electricidad.
- Habitabilidad crítica: Presencia de alojamientos improvisados en naves industriales y falta de aislamiento térmico (ventanas rotas y goteras).
Un mapa de precariedad en las Fuerzas Armadas
La Asociación ha documentado incidencias graves en una larga lista de acuartelamientos, entre los que se encuentran:
- Madrid: REW 31 (El Pardo), Academia de Ingenieros (Hoyo de Manzanares), Base «El Goloso» y Escuela Infantil «Santa Teresa».
- Andalucía: Base de Cerro Muriano (Córdoba).
- Castilla-La Mancha: Academia de Infantería (Toledo) y Base de Almagro (Ciudad Real).
- Canarias: Acuartelamiento Los Rodeos (Tenerife) y Puerto del Rosario (Fuerteventura).
- Otros puntos: Ceuta (El Renegado), Castellón (Montaña Negra) y Arsenal de Cartagena (Murcia).
El factor humano como prioridad
ATME pone especial énfasis en el personal de nueva incorporación. Al carecer de ayudas de vivienda, muchos militares se ven obligados a residir en las bases, enfrentándose a estándares de habitabilidad inaceptables.
La Asociación sostiene que los mecanismos internos de supervisión han fallado, haciendo necesaria una evaluación técnica neutral que cumpla con la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). Asimismo, exigen que los resultados de dicha auditoría sean transparentes y se compartan con las asociaciones profesionales para garantizar el seguimiento de las reformas.
«Las condiciones de vida y trabajo deben estar a la altura del servicio que estos profesionales prestan a la sociedad», concluye la organización, reafirmando que el factor humano debe ser el recurso más protegido de la institución.
